La Procuraduría General de la Nación solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionar al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, a la tesorera Lucy Aydee Mogollón Alfonso y a los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus, por violaciones a los topes de financiación durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
El concepto remitido por el ente de control sostiene que los investigados incurrieron en dos de las diez presuntas irregularidades señaladas por el CNE. Los hallazgos se enmarcan dentro de la investigación administrativa iniciada el 8 de octubre de 2024, que también formuló cargos contra Gustavo Petro, aunque estos se encuentran suspendidos mientras la Corte Constitucional estudia la competencia del CNE frente al fuero presidencial.
El proceso, que involucra también al Movimiento Político Colombia Humana y a la Unión Patriótica, continúa su curso en lo concerniente a los demás implicados. A la par, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) solicitó participar en el expediente, sin que se haya resuelto aún el recurso de reposición interpuesto tras la negativa del CNE en febrero de este año. La Procuraduría advirtió que no resolver este recurso podría afectar la validez del trámite sancionatorio.
De acuerdo con el concepto del Ministerio Público, los gastos reportados por la campaña en la primera vuelta presidencial ascendieron a $28.334.680.001, por debajo del tope de $28.536.520.492 establecido para ese periodo. En la segunda vuelta se reportaron $13.199.709.794, también dentro del límite fijado de $13.347.457.427.
Sin embargo, el análisis identificó omisiones contables. Una de ellas corresponde a una factura de $356 millones emitida por Caracol TV por concepto de publicidad realizada durante la primera vuelta, pero incluida en el reporte de la segunda. Con su inclusión, el valor de los gastos en la primera vuelta supera el límite permitido.
Otra irregularidad documentada fue el ocultamiento parcial del costo real del evento de celebración de la victoria en primera vuelta, realizado el 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena de Bogotá. Según la Procuraduría, mientras que al CNE se reportó un gasto de $150 millones, el costo real habría sido de $250 millones, con una diferencia de $100 millones asumidos por la empresa ServiRed S.A.S.
Pese a que este incremento no modifica el cumplimiento del tope en segunda vuelta, la Procuraduría sostiene que el ocultamiento del monto constituye una falta sancionable.
Como resultado de estas dos presuntas irregularidades, la Procuraduría solicitó al CNE imponer a los responsables una multa equivalente al 1% del valor desembolsado por el Estado para financiar la campaña en la primera vuelta, y otro 1 % por la segunda. Asimismo, pidió ordenar la devolución de $154 millones, suma equivalente al valor por el cual se habrían excedido los topes de la primera elección.
El Ministerio Público también se pronunció sobre otras situaciones incluidas en el expediente, como el financiamiento del transporte aéreo, el pago de testigos electorales, los aportes de sindicatos como la USO y Fecode, y supuestos ingresos no reportados por los partidos Colombia Humana y Pacto Histórico. Según el concepto, estos hechos no presentan conexión suficiente con las conductas investigadas de violación de topes o ingreso de dineros prohibidos.
El expediente continúa en evaluación por parte del Consejo Nacional Electoral, mientras se resuelven los recursos pendientes y se define la responsabilidad administrativa de los implicados.
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