La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional evaluar la declaratoria de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el sistema de salud, señalando que el reciente aumento “antitécnico” de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), aprobado por el Ministerio de Salud, ha agravado la crisis estructural en este sector.
En un oficio enviado al magistrado José Fernando Reyes Cuartas, presidente de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, la Procuraduría indicó que la Resolución 002717 de 2024, que fija el valor de la UPC para 2025, fue expedida con “presunta indebida y falsa motivación”, basada en información parcial y con un procedimiento que ignoró principios de transparencia.
El órgano de control denunció que la situación de la NUEVA EPS, que asegura al 23 % de la población y carece de estados financieros actualizados de 2023, pone en peligro la sostenibilidad del sistema. “El Ministerio ha transgredido los mandatos constitucionales que garantizan que la seguridad social en salud sea un servicio público esencial a cargo del Estado”, afirmó la Procuraduría.
La Procuraduría también advirtió que el Ministerio de Salud ha desafiado reiteradamente las órdenes de la Corte Constitucional, incumpliendo los plazos establecidos y afectando la sostenibilidad financiera del sistema. Por ello, solicitó a la Corte abrir un incidente de desacato contra el Ministro de Salud, señalando que su conducta podría configurarse como una violación a las normas del Código Disciplinario Único y el Código Penal.
En un pronunciamiento del 2023, la Corte ya había señalado que el Ministerio había adoptado una “actitud asaz torticera” frente a sus instrucciones, agravando la crisis estructural en el sistema de salud y el acceso universal a los servicios.
La Procuraduría subrayó que estas decisiones “antitécnicas” y omisiones no solo incumplen las garantías constitucionales, sino que incrementan la precariedad del sistema, afectando a millones de usuarios. En ese contexto, hizo un llamado a la Corte para evaluar medidas contundentes que obliguen al cumplimiento de las órdenes constitucionales y la sostenibilidad del sistema de salud.
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