La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) revocar la medida que suspendió las actividades en el Muelle 13 de Buenaventura.
Según el Ministerio Público, tras una inspección realizada el 23 y 24 de enero, no se encontraron fundamentos suficientes para mantener la restricción impuesta mediante la Resolución 00004 del 2 de enero de 2025.
El muelle, operado por el concesionario Grupo Portuario S.A., es objeto de debate en el ámbito ambiental, jurídico y económico. En un oficio enviado el 31 de enero por el procurador delegado Gustavo Guerrero al director de la Anla, Rodrigo Elías Negrete, se argumenta que la decisión de suspender la operación carece de sustento jurídico y no incluyó toda la información disponible.
El documento señala que el expediente del Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Buenaventura, con antecedentes administrativos relevantes, no fue considerado al momento de emitir la resolución. Este expediente fue remitido a la Anla solo después de la suspensión.
La medida de la Anla fue tomada por presuntas deficiencias en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado en 2002, lo que, según la entidad, impide la correcta identificación de riesgos y la implementación de medidas de protección. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, respaldó la decisión, indicando que en el muelle se encontraron residuos de palomas que podrían contaminar alimentos almacenados.
No obstante, la Procuraduría argumentó que la medida no es proporcional ni razonable, ya que no consideró todos los antecedentes administrativos disponibles. En su visita técnica, los delegados del Ministerio Público verificaron que los productos almacenados en el muelle no están destinados al consumo humano directo, sino a la fabricación de alimentos concentrados para animales y fertilizantes. También se constató que los granos están organizados y señalizados, y que se han implementado medidas de control para evitar la presencia de aves.
La suspensión del Muelle 13 ha generado preocupación en Buenaventura, debido a su importancia en el comercio marítimo y la generación de empleo. Actores económicos y sociales advierten sobre el impacto en la competitividad del puerto y en la economía local. Por su parte, el Grupo Portuario S.A. defiende su gestión y sostiene que cumple con las normativas ambientales vigentes, señalando que las acusaciones sobre contaminación de alimentos son infundadas.
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