La Procuraduría General de la Nación llevó a cabo este martes, 12 de noviembre, una inspección judicial al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), tras recibir múltiples quejas y reclamaciones por deficiencias en el servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que afectan a los estudiantes de la institución.
Esta inspección, liderada por el procurador delegado Marcio Melgosa Torrado, busca esclarecer las causas de la problemática y el estado de la contratación para estos servicios esenciales.
La diligencia responde a la preocupación por el futuro de la prestación de servicios tecnológicos para los estudiantes del Sena, tras la finalización en octubre del contrato de urgencia manifiesta que se había implementado como medida temporal.
La Procuraduría busca obtener información detallada sobre los costos de la modalidad alternativa que el Sena ha anunciado para reemplazar los servicios TIC, y verificar si la institución ha seguido los procedimientos contractuales adecuados para asegurar la calidad y continuidad de estos servicios.
«Advertimos que hay quejas y reclamaciones por parte de los estudiantes y de los usuarios en general por la mala prestación del servicio. Esto se deriva de que el contrato de urgencia manifiesta concluyó en octubre su plazo, y que a estas alturas no se sabe qué va a pasar con la prestación del servicio,» indicó el procurador delegado Melgosa Torrado, dejando en claro la incertidumbre que rodea a los estudiantes y demás usuarios.
Un plan de contingencia bajo la lupa
Según el Sena, se ha contemplado una solución en colaboración con otro operador estatal para cubrir la necesidad de servicios tecnológicos, pero este plan ha despertado dudas en la Procuraduría, que decidió intervenir de forma preventiva para asegurar que el proceso se lleve a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad vigente.
«La actuación preventiva se desarrollará en forma independiente de las demás funciones misionales de la PGN. Dicha actuación no implica en modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas,» detalla el comunicado del Ministerio Público, dejando claro que el propósito de la intervención es garantizar que el Sena cumpla con las exigencias contractuales y que los estudiantes no sigan siendo afectados por problemas en los servicios TIC.
La entidad ha afirmado que continuará vigilando el proceso, en espera de que el Sena implemente una solución que garantice el acceso confiable y continuo a los servicios tecnológicos.
