La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar en contra de todos los miembros del gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro, luego de que estos firmaran el controvertido decreto mediante el cual se busca convocar a una Consulta Popular con 12 preguntas orientadas a impulsar una reforma laboral. La decisión presidencial, según diversas voces críticas, habría ignorado el concepto negativo emitido previamente por el Congreso y plantea serias dudas sobre su legalidad y constitucionalidad.
El decreto, calificado por sectores de la oposición como un “decretazo”, fue suscrito bajo presión por los ministros, según denuncias, bajo la advertencia directa del Presidente de que quienes no firmaran serían removidos del cargo. Esta situación no solo intensificó la controversia política en el país, sino que también llevó a múltiples advertencias públicas sobre las posibles consecuencias disciplinarias y penales para los firmantes.
Uno de los elementos destacados del caso es que no todas las rúbricas corresponden a ministros en propiedad. Al menos cuatro firmas pertenecen a funcionarios encargados de manera temporal, lo que ha alimentado aún más el debate sobre la validez del procedimiento seguido.
La indagación preliminar busca determinar si los funcionarios incurrieron en faltas disciplinarias al suscribir el decreto, el cual ha sido señalado por analistas jurídicos y políticos como una posible violación del principio de separación de poderes. De comprobarse responsabilidades, la investigación podría derivar en sanciones como destituciones e inhabilidades para ejercer cargos públicos.
Paralelamente, se han presentado múltiples denuncias ante la Procuraduría y otras instancias judiciales en contra de los ministros firmantes, quienes fueron advertidos en reiteradas ocasiones sobre el posible delito de ”prevaricato”. El caso cobró mayor notoriedad el pasado fin de semana, cuando el senador Miguel Uribe, horas antes de ser víctima de un atentado, publicó un video en el que advertía de acciones legales contra los miembros del gabinete si procedían con la firma del decreto.
La decisión de la Procuraduría se produce tras las primeras denuncias realizadas ante esta entidad por el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, Cristina Plazas y Alberto Boeing; y marca un nuevo capítulo en la ya agitada relación entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado, y plantea serios cuestionamientos sobre el uso del poder presidencial para imponer reformas sin el respaldo del Legislativo.
