La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, por una presunta participación indebida en política relacionada con la aspiración al Senado de su esposa, María Irma Noreña, para el periodo 2026–2030.
La actuación fue asumida por la Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa, a partir de denuncias conocidas a través de medios de comunicación.
Según el ente de control, los señalamientos apuntan a que el mandatario local habría promovido la candidatura de su cónyuge mediante la recolección de firmas en distintas dependencias de la administración municipal. De acuerdo con la información preliminar, esta presunta actividad se habría desarrollado al interior de la Alcaldía de Pereira, involucrando a servidores públicos.
La Procuraduría indicó que dentro del proceso se verificará la posible existencia de planillas en las que funcionarios habrían consignado datos personales con fines de respaldo político. Asimismo, se evaluará material audiovisual que, según las denuncias, contendría solicitudes de apoyo a la candidatura de Noreña y la asignación de cuotas de votantes que cada servidor debía garantizar.
El Ministerio Público precisó que la apertura de la investigación tiene como propósito establecer si los hechos denunciados ocurrieron, determinar si estos constituyen una falta disciplinaria y definir si el alcalde actuó o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad prevista en la normativa vigente. En esta etapa procesal no se han adoptado decisiones de fondo ni se han formulado cargos.
María Irma Noreña, quien aspira a una curul en el Senado, ha tenido presencia previa en la administración pública local. Durante el actual periodo de gobierno municipal se desempeñó como gestora social, cargo al que renunció tras una controversia relacionada con la inclusión de su imagen en los recibos del servicio de agua de la ciudad.
Además, ha ocupado cargos en la Secretaría de Desarrollo Social, la Gerencia del Deporte y la empresa de acueducto y alcantarillado Aguas y Aguas, etapas en las que también se registraron cuestionamientos por el manejo de recursos públicos.
La investigación disciplinaria se enmarca en las restricciones que impone la ley a los servidores públicos frente a la participación en actividades proselitistas, especialmente cuando estas podrían involucrar el uso de la estructura administrativa o la influencia derivada del cargo. La Procuraduría reiteró que el proceso avanza bajo los principios de legalidad y debido proceso, y que las verificaciones probatorias serán determinantes para establecer responsabilidades.
Por ahora, el expediente continuará en fase de recolección y análisis de información, mientras el ente de control define las actuaciones siguientes dentro del procedimiento disciplinario.
