La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez y Eduardo José González Angulo, por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de las obras de reconstrucción de Mocoa, Putumayo.
El proceso disciplinario se relaciona con los proyectos adelantados después de la avalancha ocurrida en 2017, que dejó más de 300 personas fallecidas y destruyó gran parte del municipio.
Ocho años después, la reconstrucción continúa inconclusa, pese a la destinación de recursos por más de 185.093 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR).
Según el ente de control, las irregularidades estarían asociadas a deficiencias en la planeación del proyecto y a la falta de gestión oportuna por parte de los exdirectores para superar los obstáculos que surgieron durante su ejecución. La Procuraduría indicó que esta omisión habría afectado directamente el desarrollo de las obras de mitigación del riesgo, provocando retrasos significativos y la suspensión o no inicio de varios contratos.
En el pliego de cargos, el ente de control explicó que el proyecto de reconstrucción incluía la ejecución de 17 contratos de obra y 11 de interventoría, destinados a la construcción de 56 obras de mitigación del riesgo. Sin embargo, gran parte de estas intervenciones no fueron terminadas ni entregadas a la comunidad.
La investigación fue adelantada por la Delegada para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías, la cual también determinó que, pese a los informes y alertas sobre los atrasos, los directores no adoptaron medidas efectivas para reencauzar el proyecto ni para garantizar su continuidad.
En el caso de Olmedo López, quien estuvo al frente de la UNGRD entre 2022 y 2023, la Procuraduría calificó su conducta como una falta gravísima cometida con culpa gravísima. En cuanto a Eduardo González, director entre 2018 y 2022, la falta fue catalogada como gravísima cometida con culpa grave.
El órgano de control señaló que el incumplimiento de las funciones de supervisión y dirección administrativa habría contribuido al fracaso del plan de reconstrucción, que tenía como propósito principal restablecer las condiciones de seguridad y habitabilidad de Mocoa tras la tragedia de 2017.
La Procuraduría busca determinar si la gestión de ambos exfuncionarios generó perjuicios al Estado y a la población afectada por la emergencia. Mientras avanza el proceso disciplinario, el Ministerio Público advirtió que las obras inconclusas continúan representando un riesgo para los habitantes del municipio, que aún esperan la culminación de los proyectos prometidos hace más de ocho años.
