La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Minas y Energía aclaraciones sobre la inspección ordenada a Empresas Públicas de Medellín (EPM).
La petición se da en medio de un contexto de tensiones entre la Administración Distrital de Medellín y el Gobierno Nacional, marcado por dificultades financieras y decisiones judiciales que han generado debate sobre la situación de la empresa pública.
Según reportes, la Procuraduría intervino tras la falta de respuesta del Ministerio a un derecho de petición presentado el 12 de marzo de 2025 por el representante a la Cámara por Antioquia, Juan Espinal.
En su solicitud, Espinal pidió explicaciones técnicas y jurídicas sobre la inspección, sin obtener respuesta dentro del plazo legal, que venció el 19 de marzo. Ante esta omisión, la Procuraduría emitió un auto otorgando cinco días hábiles al Ministerio para responder.
El 10 de marzo, un juez ordenó el embargo de cuentas del Gobierno Nacional por un monto de $83.309 millones, tras una demanda interpuesta por Centrales Eléctricas de Norte de Santander (Cens), filial del Grupo EPM, debido a retrasos en el pago de subsidios de energía por parte de la Nación. Este embargo se sumó a una situación financiera compleja para EPM, cuyo déficit acumulado al 31 de diciembre de 2024 ascendía a $1,25 billones, según indicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
El déficit reportado por el Grupo EPM incluía faltantes de $227.000 millones en la casa matriz, $62.000 millones en Chec (Caldas y Risaralda), $148.000 millones en Cens (Norte de Santander), $15.000 millones en Edeq (Quindío), $117.000 millones en Essa (Santander) y $695.000 millones en Afinia (Caribe). Gutiérrez manifestó su preocupación por la falta de respuesta del Gobierno Nacional para saldar la deuda de los subsidios de energía dirigidos a los estratos 1, 2 y 3.
En respuesta al embargo judicial, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, solicitaron a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios una inspección a EPM y sus filiales. El documento con la solicitud se conoció el 11 de marzo y argumenta que la Superintendencia tiene competencias para ejercer vigilancia y control sobre entidades prestadoras de servicios públicos, en el marco de las funciones del Ministerio en la formulación y coordinación de políticas del sector energético.
El representante Espinal insistió en la necesidad de una explicación técnica y jurídica sobre la inspección ordenada a EPM. La Procuraduría, en su auto, estableció un plazo de cinco días hábiles para que el Ministerio de Minas y Energía responda a la solicitud de información. El requerimiento busca esclarecer si la inspección tiene un fundamento técnico y legal o si se enmarca dentro de las tensiones entre el Gobierno nacional y la Administración distrital de Medellín.
La ausencia de una respuesta oficial por parte del Ministerio podría derivar en consecuencias legales y políticas, en un contexto donde EPM enfrenta desafíos financieros que podrían impactar su capacidad para garantizar la prestación de servicios públicos en las regiones donde opera.
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