Este martes 12 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación leyó el fallo en el proceso disciplinario en contra del excanciller Álvaro Leyva, centrado en la polémica licitación para la expedición de pasaportes en 2023.
La audiencia, que se celebró en la Sala de Audiencias del cuarto piso de la torre A de la Procuraduría, podría marcar el desenlace de un proceso que comenzó hace casi un año.
La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que decidió inhabilitar por 10 años al excanciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes.
Según la información disponible, una de las principales acusaciones es que Leyva declaró desierta la licitación 001 de 2023 sin contar con los fundamentos necesarios, lo que podría haber violado los principios que regulan la contratación estatal.
La decisión de la Procuraduría se centra en la falta de justificación adecuada para anular el proceso de licitación, lo que implica una posible transgresión de las normas legales y técnicas que deben guiar este tipo de procedimientos.
¿De qué se le acusa a Leyva?
El caso se remonta al 24 de enero, cuando la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Leyva por presuntas irregularidades en el manejo de la licitación, lo cual le valió la suspensión de su cargo.
El eje de la controversia fue la decisión del excanciller de declarar desierta la licitación en favor de la empresa Thomas Greg & Sons, una medida que no solo impactó la operatividad del sistema de expedición de pasaportes, sino que también desató una ola de críticas contra la administración de Gustavo Petro por presunta improvisación y falta de planificación en la transición contractual.
Durante el juicio, la Procuraduría presentó pruebas y testimonios que cuestionan la legalidad de la decisión de Leyva. Según el ente de control, el excanciller incurrió en «faltas disciplinarias gravísimas» al desestimar la licitación sin el respaldo de fundamentos jurídicos y técnicos.
En su argumento, la Procuraduría sostiene que esta resolución transgredió los principios de contratación estatal y afectó los derechos de los ciudadanos al poner en riesgo el servicio de expedición de pasaportes.
Leyva, por su parte, ha defendido sus acciones afirmando que actuó de buena fe, respaldado por los principios de transparencia, responsabilidad y en defensa del interés general.
Durante el proceso, rindió una versión libre en la que justificó su decisión, señalando que respondió a la necesidad de asegurar un procedimiento acorde con los principios económicos y legales vigentes, y que siempre buscó proteger los derechos de los ciudadanos.
