La Procuraduría General de la Nación llevó a cabo una diligencia de inspección disciplinaria en las oficinas principales de Ecopetrol en Bogotá, como parte de una indagación preliminar abierta por la suscripción de un contrato de prestación de servicios con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, así como el presunto conflicto de intereses en la compra de un apartamento.
La primera indagación tiene que ver con el contrato relacionado con la asesoría a la Junta Directiva de la petrolera en temas de políticas y procesos internos.
La inspección fue realizada el pasado miércoles 4 de junio desde las 8:30 a.m. por funcionarios de la Tercera Delegada para la Contratación Estatal y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE) y se prolongó por más de ocho horas. Durante la jornada se efectuaron entrevistas y se inspeccionaron documentos físicos y digitales relacionados con la firma y ejecución del contrato, el cual fue suscrito por un valor cercano a los cinco millones de dólares.
Ecopetrol, a través de un comunicado oficial, informó que entregó de manera completa y oportuna toda la documentación solicitada, incluyendo los procesos de gestión contractual, documental y digital vinculados al contrato mencionado. Según la empresa, esta entrega se hizo bajo protocolos de integridad, trazabilidad y confidencialidad.
En el mismo comunicado, la petrolera indicó que su área de Tecnología adelanta una investigación interna que habría identificado patrones de comportamiento anómalos en los sistemas corporativos. Esta revisión está orientada a establecer si existió una posible filtración de información confidencial, reservada y privilegiada.
La diligencia realizada por la Procuraduría hace parte del recaudo de pruebas dentro del proceso de indagación, con el objetivo de establecer si se configuró alguna irregularidad y determinar la existencia o no de méritos para abrir una investigación disciplinaria formal.
Paralelamente a esta actuación, la Procuraduría anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, por un presunto conflicto de intereses. El caso está relacionado con la adquisición de un apartamento, antes de asumir su cargo, a la empresa Princenton International Holding, representada legalmente en ese momento por Serafino Lacono.
El ente de control indicó que Roa podría haber incurrido en conflicto de intereses, teniendo en cuenta decisiones adoptadas en su cargo que podrían involucrar a sociedades con vínculos directos o indirectos con el señor Lacono. La Procuraduría solicitó a Ecopetrol información sobre la existencia y actualizaciones de una posible declaración de conflicto de intereses presentada por Roa Barragán al momento de su posesión.
La empresa reiteró, en su pronunciamiento, su disposición para colaborar con los órganos de control, incluyendo la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República.
En medio de este contexto, la Junta Directiva de Ecopetrol anunció el pasado 3 de junio la designación de Rodolfo Mario García Paredes como nuevo Director Corporativo de Cumplimiento. García Paredes, quien venía desempeñándose como Gerente Jurídico de Hidrocarburos, asumirá también la función de prevención de lavado de activos. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la compañía, en áreas relacionadas con asesoría jurídica, exploración y nuevos negocios.
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