La Procuraduría General de la Nación, mediante concepto radicado ante el Consejo de Estado, se pronunció sobre la solicitud de medida cautelar que pretendía suspender los efectos del acto legislativo con el que el Senado de la República negó el aval a la convocatoria de una consulta popular impulsada por el Gobierno Nacional.
El documento, expedido por la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, concluye que no se encontraron pruebas suficientes para determinar que el procedimiento legislativo del pasado 14 de mayo de 2025 haya vulnerado el ordenamiento jurídico vigente. Este análisis se dio en el marco del proceso en curso ante el alto tribunal administrativo.
La medida cautelar fue solicitada por los demandantes, quienes señalaron presuntas irregularidades en la votación del Senado.
En respuesta, la Procuraduría sostuvo que los elementos presentados no permiten concluir que existió una infracción normativa. En relación con la diferencia en el número de votos, indicó que la Gaceta del Congreso y el orden del día de la sesión no permiten establecer con claridad cuántos senadores estaban efectivamente habilitados para votar, si alguno fue excluido o se abstuvo de manera legítima.
Sobre la posible salida de un senador durante la votación, el órgano de control señaló que no se allegaron pruebas idóneas que permitieran constatar el hecho ni sus circunstancias.
El concepto de la Procuraduría es una pieza relevante dentro del proceso que examina actualmente el Consejo de Estado, en el cual se analiza la legalidad del trámite seguido por el Senado para negar la solicitud del presidente de la República de convocar una consulta popular de alcance nacional.
Por su parte, la Registraduría Nacional ha reiterado que serán las altas cortes las encargadas de determinar la viabilidad jurídica de la consulta, luego de que el Gobierno anunciara su intención de avanzar con la iniciativa mediante decreto.
