En medio del desarrollo del calendario electoral de 2026, la Procuraduría General de la Nación anunció la creación de un grupo élite destinado a investigar la indebida participación en política de los servidores públicos. De acuerdo a lo que se dijo, esta es una medida con la que el Ministerio Público buscará reforzar los controles sobre la neutralidad del Estado durante el proceso electoral.
El anuncio fue hecho por el procurador general, Gregorio Eljach quien explicó que este equipo especializado no se limitaría a revisar eventuales irregularidades en contratación pública, sino que tendría un alcance más amplio para indagar cualquier conducta que vulnerara la imparcialidad de los funcionarios en contextos políticos y electorales.
Eljach aseguró que las investigaciones disciplinarias no se activarían de manera automática ni reactiva, ya que, cada actuación debía ajustarse estrictamente al debido proceso, respetar los tiempos legales y garantizar el derecho a la defensa de los funcionarios investigados. En ese sentido, aseguró que la Procuraduría se tomaría el tiempo que la ley permitiera para adoptar decisiones de fondo, sin atajos que pudieran vulnerar la Constitución.
La creación del grupo élite se dio en el marco del lanzamiento de la estrategia denominada Paz Electoral, una iniciativa orientada a blindar los comicios y preservar la legitimidad institucional en un año de alta sensibilidad política, marcado por la elección de Presidente y Congreso. Para el Ministerio Público, garantizar elecciones limpias fue presentado como una condición clave no solo para la democracia, sino también para la estabilidad económica y la confianza institucional.
Como parte de lo anterior, la Procuraduría anunció además la vinculación de los 920 notarios del país, representados por la Unión Colegial del Notariado Colombiano, con el propósito de fortalecer las acciones preventivas y de vigilancia durante el proceso electoral.
Dicho anuncio se realizó durante un encuentro en la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá, al que asistieron el presidente ejecutivo de esa entidad, Ovidio Claros, y el superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo Sedano, quienes manifestaron su respaldo a la iniciativa.
El Procurador destacó el papel del notariado en la garantía de la transparencia electoral y señaló que su labor resulta fundamental para dar fe de los hechos que ocurren durante los comicios.
En esa misma línea, enfatizó que la neutralidad del Estado debía ser entendida como un bien superior, indispensable para proteger la confianza ciudadana, la gobernabilidad y el desempeño institucional del país.
La estrategia se apoyó, además, en una directiva expedida por la Procuraduría a comienzos de septiembre del año anterior, en la que se fijaron límites claros a la participación política de los funcionarios públicos de cara a las elecciones de 2026.
Donde se establecieron las prohibiciones como el uso del cargo, del tiempo laboral o de los recursos públicos con fines proselitistas, la presión a subalternos, la difusión de propaganda electoral y la intervención en controversias políticas, así como el uso de información reservada para actividades partidistas.
Eljach recordó que el incumplimiento de estas disposiciones podía dar lugar a sanciones disciplinarias que incluían la destitución y la inhabilidad, la máxima sanción prevista en el Código Disciplinario.
