La Procuraduría General de la Nación intensificó la investigación disciplinaria relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de la caja menor del despacho del alcalde de Medellín durante la administración de Daniel Quintero. El proceso, abierto formalmente en julio de 2025, se encuentra actualmente en etapa de recolección y análisis de pruebas, según consta en una reciente actuación de la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública.
De acuerdo con la información conocida, el ente de control indaga un posible detrimento patrimonial que podría ascender hasta los 117 millones de pesos. Los recursos hacen parte del fondo fijo o caja menor asignada al despacho del alcalde, un mecanismo que, por norma, solo puede utilizarse para atender gastos urgentes, necesarios o imprevistos en el ejercicio de la función pública.
La investigación se apoya, entre otros elementos, en facturas y soportes de gasto que fueron revelados públicamente en su momento por el entonces concejal Alfredo Ramos. En esos documentos aparecen consumos en supermercados, panaderías, restaurantes, verdulerías e incluso establecimientos para mascotas, gastos que, según las denuncias, no cumplirían con los criterios legales que rigen el uso de este tipo de fondos.
Además del exalcalde Daniel Quintero, la indagación disciplinaria también vincula a María Camila Villamizar, quien se desempeñó como secretaria privada de la Alcaldía de Medellín y fue una de las funcionarias más cercanas al mandatario durante su periodo de gobierno. La Procuraduría evalúa el grado de responsabilidad de los funcionarios involucrados en la autorización, ejecución y control de los recursos cuestionados.
El avance del proceso ha generado reacciones en el ámbito político local. El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, se pronunció recientemente señalando que las pruebas recopiladas refuerzan las denuncias que se hicieron durante el anterior periodo administrativo. No obstante, la Procuraduría ha reiterado que la investigación se desarrolla bajo el principio de presunción de inocencia y que solo al final del proceso se determinará si existen faltas disciplinarias y responsabilidades individuales.
El caso de la caja menor también tuvo repercusiones administrativas al cierre del gobierno de Quintero. En ese momento, el Concejo de Medellín declaró insubsistente a Juan David Duque, quien había asumido como secretario privado tras la salida de Villamizar. Duque fue citado en varias oportunidades a la corporación para rendir explicaciones sobre el manejo de los recursos, aunque, según registros del Concejo, no asistió a varias de esas citaciones y en algunos casos no presentó justificación.
La Procuraduría continuará con la práctica de pruebas y la verificación documental para establecer si los gastos realizados se ajustaron o no a la normativa vigente. De encontrarse méritos, el proceso podría avanzar hacia una formulación de cargos disciplinarios. Mientras tanto, el ente de control mantiene abierta la investigación con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si hubo afectación al patrimonio público.
