La Procuraduría General de la Nación pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenar al Gobierno Nacional el pago inmediato de los subsidios de energía eléctrica y gas natural, ya reconocidos mediante actos administrativos y con respaldo presupuestal.
La solicitud fue presentada en el marco de una acción de cumplimiento interpuesta por la Fundación para el Estado de derecho.
En su intervención, el Ministerio Público alertó sobre el incumplimiento del Gobierno en el giro de estos recursos a las empresas comercializadoras, lo cual, según el informe, ha generado una situación crítica en el sector energético. De mantenerse esta tendencia, advirtió la Procuraduría, podrían registrarse aumentos tarifarios de hasta el 150% o interrupciones en la prestación del servicio, con impacto directo en los usuarios de los estratos 1, 2 y 3.
El concepto del ente de control también se refirió a una prueba allegada por el Ministerio de Hacienda, correspondiente a la asignación de recursos para el mes de mayo de 2025. No obstante, la Procuraduría indicó que no existe garantía de financiación para el resto del año, lo que compromete la sostenibilidad del sistema de subsidios.
En su solicitud al Tribunal, el órgano de control propuso que, además del desembolso inmediato de los recursos adeudados, se ordene al Gobierno la elaboración de un cronograma de pagos para saldar las obligaciones pendientes con las empresas comercializadoras. Esta medida busca garantizar el flujo de recursos y la estabilidad del servicio público domiciliario.
La Procuraduría también solicitó mantener activas las mesas de diálogo sectoriales con participación de los entes de control, con el fin de monitorear de manera permanente el cumplimiento de los compromisos financieros del Estado con el sector de energía y gas.
Según el Ministerio Público, no existe justificación legal ni financiera para seguir aplazando el pago de estos subsidios, dado que los valores ya fueron reconocidos formalmente mediante resoluciones con disponibilidad presupuestal.
El proceso se mantiene en estudio por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mientras empresas del sector han manifestado que las deudas por subsidios superan los $2 billones.
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