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miércoles, enero 29, 2025
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    Procuraduría abrió pliego de cargos contra exsecretarias de Salud, General y Suministros y Servicios de Daniel Quintero

    La Procuraduría General de la Nación emitió un pliego de cargos contra tres exfuncionarias de la Alcaldía de Medellín durante la administración de Daniel Quintero.

    Las exfuncionarias, Jennifer Andree Uribe Montoya, Natalia Andrea Jiménez Pérez y Karen Bibiana Delgado Manjarrés, quienes ocupaban los cargos de Secretaria de Salud, Secretaria General y Secretaria de Suministros y Servicios, respectivamente, deberán responder por actos de corrupción.

    La acción del ente investigador se originó a raíz de denuncias presentadas por el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien desde su llegada en enero de 2024 ha denunciado múltiples irregularidades en la administración anterior, entre 2020 y 2023.

    El mandatario en su cuenta de X aseguró que. «se robaron a Medellín» y comparó los hechos ocurridos en la ciudad con lo sucedido en Bogotá en la administración de Samuel Moreno, señalando que fue más grande lo ocurrido en la capital de Antioquia.

    Las investigaciones se centran en un contrato de transacción celebrado el 12 de mayo de 2022 entre el Distrito Especial de Medellín y la Fundación Colombiana de Cancerología «Clínica Vida». Este contrato, por un valor de $12.007.429.401, implicó la entrega al particular de adecuaciones que originalmente costaron $23.744.721.295, lo que resultó en una pérdida significativa para la entidad pública.

    La Procuraduría concluyó que las exfuncionarias incurrieron en falsedad ideológica en documento público al afirmar que contaban con la aprobación del Comité de Conciliación de la Alcaldía para suscribir el contrato, cuando este no había sido aprobado, siendo presidido por Natalia Andrea Jiménez Pérez.

    El contrato estipulaba que la Clínica Vida pagaría al Distrito en cuotas desde 2022 hasta 2025 por las mejoras realizadas en la clínica, cuyo costo inicial había sido considerablemente mayor.

    La Procuraduría les formuló cargos por falsedad ideológica en documento público debido a la inclusión de información falsa en el contrato.

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