La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, luego de identificar presuntas irregularidades en la ejecución del contrato SCJ-1904-2023, relacionado con la adquisición e instalación de cámaras de vigilancia.
El contrato, suscrito en 2023, contempla la implementación de 200 cámaras tipo LPR por un valor cercano a $14.339 millones de pesos. Sin embargo, según el ente de control, solo 50 dispositivos han sido instalados a la fecha, lo que representa el 25% del componente central del proyecto.
De acuerdo con la Procuraduría, se reporta un avance físico del 68,5% y una ejecución presupuestal del 50%, pero con un retraso significativo en la instalación de los equipos, que son parte de la estrategia distrital de videovigilancia.
El proceso investigativo también aborda una serie de hallazgos que incluyen una planeación deficiente del proyecto, fallas técnicas no previstas, tres prórrogas y tres suspensiones del contrato sin soporte presupuestal, así como controversias contractuales que superan los 2.000 millones de pesos.
Entre los elementos analizados por el órgano de control está la decisión de reemplazar la interventoría externa por una supervisión interna, sin justificación técnica suficiente. La Procuraduría ordenó la recolección de pruebas para determinar si hubo faltas disciplinarias y establecer las posibles responsabilidades individuales.
Las localidades más afectadas por la inoperatividad de las cámaras incluyen Ciudad Bolívar, Kennedy, Rafael Uribe, Chapinero y Bosa, zonas priorizadas dentro de los planes de seguridad del distrito.
La Procuraduría no descartó que nuevas actuaciones disciplinarias se activen tras el avance de la recolección de pruebas y evaluación de responsabilidades.
