La Procuraduría General de la Nación ha ordenado la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), debido a la aprobación de 31.9 billones de pesos como parte de las denominadas Transacciones de Única Vez (TUV) en el cierre fiscal de 2024. Esta medida se da en respuesta a una denuncia formulada por la senadora Paloma Valencia, quien alertó sobre un posible intento del Gobierno de evadir el cumplimiento de la regla fiscal vigente.
El documento oficial señala que se decretan pruebas para esclarecer los hechos investigados y lograr la identificación de los posibles responsables. Entre estas, se encuentra la solicitud al Ministerio de Hacienda para que informe, entre otras cosas, “los nombres, cargos y datos de contacto de los integrantes del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) para el mes de diciembre de 2024”, así como detalles sobre cómo se dio la aprobación de las TUV y cuáles eran los documentos y normas vigentes al momento.
Igualmente, se solicita al Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) que remita su pronunciamiento del 17 de febrero de 2025, así como conceptos relacionados con las TUV aplicables para la vigencia 2024. Se pedirá además la designación de un testigo experto que ilustre a la Sala sobre el impacto fiscal de las transacciones aprobadas.
La procuradora delegada de la Sala Disciplinaria de Instrucción resolvió:
“PRIMERO: Iniciar indagación previa en este asunto, contra funcionarios por determinar del CONFIS (…) de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.”
En reacción a esta decisión, la senadora Paloma Valencia publicó en sus redes sociales:
“Procuraduría abre indagación previa a miembros del gobierno por aprobar cerca de 30 billones de pesos como Transacciones de Únicamente Vez para romper la regla fiscal en el 2024.
Esto tras mi denuncia ante los entes de control del pasado 20 de febrero.”
La indagación se da en el contexto de un creciente debate sobre la transparencia y sostenibilidad fiscal del Gobierno, en especial tras la inclusión de las TUV, que —según críticos— podrían haber sido utilizadas para maquillar el cumplimiento de las metas fiscales.
Finalmente, la procuraduría encargó a la abogada Yahayra Bernal González la práctica de las pruebas decretadas y el impulso de las diligencias correspondientes.
