La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la exministra de Educación Aurora Vergara y varios integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional, por presuntas irregularidades en el proceso de elección del rector en 2024. La decisión del Ministerio Público se suma a una cadena de cuestionamientos institucionales sobre la manera en que fue designado Leopoldo Múnera, cuyo nombramiento fue recientemente anulado por el Consejo de Estado.
El fallo del Consejo de Estado que cambió el rumbo en la Universidad Nacional
El Consejo de Estado dejó sin efectos la designación de Leopoldo Múnera como rector, al concluir que el CSU se extralimitó en el uso de sus facultades reglamentarias. De acuerdo con el alto tribunal, el órgano universitario modificó los criterios del proceso de elección de manera irregular, dejando sin respeto el resultado de la consulta que había favorecido al profesor José Ismael Peña, quien obtuvo la mayor votación en el proceso académico interno.
El fallo señaló que el CSU alteró las reglas previamente establecidas para justificar la elección de Múnera, vinculado públicamente al gobierno del presidente Gustavo Petro, pese a que Peña había ganado la consulta universitaria. Esta decisión judicial fue interpretada en amplios sectores como un acto de corrección institucional ante lo que se consideró una imposición política en la principal universidad pública del país dentro de un plan presidencial para tomarse ideológicamente el control de las universidades públicas del país.
Lo que investiga la Procuraduría
Con base en ese antecedente, la Procuraduría abrió investigación contra Aurora Vergara, exministra de Educación y presidenta del CSU para el momento de los hechos y contra Varios miembros del Consejo Superior Universitario, cuya identidad será revelada en el curso del proceso, según se informó.
El Ministerio Público busca establecer si los investigados incurrieron en faltas disciplinarias al intervenir o permitir una actuación que habría contrariado los estatutos de la Universidad y los principios de selección meritocrática que rigen el sistema universitario público.
Una crisis institucional que continúa
Desde el inicio del proceso, la elección del rector de la Universidad Nacional se convirtió en un debate nacional. Sectores estudiantiles, académicos y administrativos denunciaron que el Gobierno habría ejercido presión para favorecer a Múnera, pese a que el mecanismo de participación universitaria había dado como ganador a Peña. En medio de las irregularidades, varios miembros del Consejo, entre ellos, la delegada estudiantil, aseguraron a haber recibido amenazas, al punto de tener que renunciar.
Con el fallo del Consejo de Estado, Peña fue restituido como rector legítimo, y el caso generó un precedente sobre los límites de la intervención gubernamental en la autonomía universitaria.
Ahora, con la apertura formal de esta investigación, la Procuraduría avanza en la revisión disciplinaria de los funcionarios que participaron en un proceso que, según la justicia contenciosa, vulneró normas, procedimientos e incluso la voluntad de la comunidad universitaria.
La investigación se encuentra en etapa preliminar y podría derivar en sanciones disciplinarias o en la exoneración de los implicados, dependiendo de los hallazgos del organismo de control.
