En el marco del estudio de constitucionalidad de la Ley 2385 de 2024, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, envió un concepto a la Corte Constitucional en el que respalda la prohibición de las corridas de toros en el país.
La Ley, expedida por el Congreso en julio de 2024, establece como objetivo una transformación cultural centrada en el respeto por la vida animal, tal como lo señala su artículo primero. La normativa tendrá aplicación a nivel nacional a partir del año 2027, una vez transcurrido el periodo de transición de tres años desde su entrada en vigor.
La intervención del Ministerio Público se da dentro del proceso iniciado por la demanda presentada por los ciudadanos Christian Munir y Jerónimo Antía, quienes alegan que la Ley vulnera derechos como la libertad económica, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho al trabajo, la libertad de elección de oficio y la garantía de diversidad cultural. Los demandantes también argumentan que se desconoce la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
Sin embargo, la Procuraduría sostuvo que la norma demandada no excede las competencias del Congreso y se ajusta a los criterios jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional. En ese sentido, citó la Sentencia C-666 de 2010, la cual admite restricciones a determinadas prácticas culturales cuando se busca proteger el bienestar de los animales.
El concepto remitido solicita a la Corte declarar la exequibilidad de la Ley, que prohíbe espectáculos como corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, junto con los procedimientos e instrumentos utilizados en dichos eventos.
El Ministerio Público reiteró que la jurisprudencia nacional reconoce a los animales como “seres sintientes” y que, por tanto, no pueden ser objeto de tratos crueles y dolorosos. Además, destacó que la Ley establece un plazo de tres años para que quienes derivan su sustento de esta actividad puedan adaptarse, como medida para reducir el impacto económico y social de la prohibición.
La Corte Constitucional deberá emitir su decisión sobre la constitucionalidad de la Ley en los próximos meses.
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