Aún sin que se conozca el texto de la ponencia de la reforma laboral, las centrales sindicales CUT y CGT anunciaron que retiran el respaldo a la reforma que actualmente se discute en la Comisión Cuarta del Senado, argumentando que el nuevo texto de la ponencia mayoritaria, que aún no se conoce, representa un retroceso en los derechos laborales aprobados en debates anteriores. El rechazo se formalizó a través de un comunicado en el que se califican como “inadmisibles” las modificaciones introducidas.
Uno de los puntos más criticados por las centrales obreras es la presunta eliminación del carácter laboral del contrato de aprendizaje, lo cual supone que los aprendices podrían quedar por fuera del régimen de garantías que protege a los trabajadores. Además, advierten sobre un cambio regresivo en el pago del recargo nocturno, que solo se aplicaría a partir de las 7:00 p.m. y exclusivamente para quienes laboran en empresas que no sean mipymes, dejando por fuera a una gran mayoría del personal asalariado.
Discriminación laboral y supresión de beneficios
Según los sindicatos, las nuevas disposiciones crean “una odiosa discriminación” entre trabajadores, al establecer un trato diferenciado en materia de compensación por trabajo en días de descanso. Mientras que el pago del 100% por laborar en domingo se mantendría, el recargo por trabajar en festivos bajaría al 75%, lo que para las centrales implica una desmejora injustificada en las condiciones laborales. Lo curioso es que las centrales desconocen en el comunicado que sólo son solo 5 millones los trabajadores que tienen un contrato laboral y a los que impactaría la reforma en un país en donde existe un amplio índice de desempleo, lo que pone a todos los sindicalistas y trabajadores, dentro de una clase privilegiada en el país.
Asimismo, se denuncia la supresión de artículos claves del proyecto original, como la eliminación del contrato sindical, la no inclusión de licencias por citas médicas programadas e incapacidades menstruales, y la exclusión de trabajadores del ámbito familiar y comunitario, así como del sector de transporte. También se cuestiona la inclusión de contratos a término fijo hasta por cinco años, medida considerada como una amenaza directa a la estabilidad laboral.
Las organizaciones CUT y CGT concluyen que, ante estos cambios, no pueden continuar apoyando una iniciativa que, en su opinión, representa intereses ajenos a los de la clase trabajadora. Señalan que la mayoría de los senadores estarían priorizando los intereses de sectores empresariales privilegiados, por lo que proponen recurrir a una consulta popular como mecanismo de participación directa de la ciudadanía para definir el rumbo de la reforma laboral.
Voces en sectores críticos a los sindicatos, recuerdan que en el país, sólo el 4% de los empleos generados, son a través de grandes empresas y que el 96%, es generado por micro empresarios y pequeñas empresas que no tienen como sostener financieramente los costos que implica la reforma que los sindicatos quieren; y que con la reformase arriesgan más de 800,000 empleos y la estabilidad de 200,000 pequeñas empresas que podrían desaparecer, como lo advierte Acopi.
La ponencia de la reforma laboral que se estudia en la Comisión cuarta del Senado, se dará a conocer sólo hasta este lunes. Los integrantes de esa comisión han reconocido presiones y chantajes por parte de los sindicatos, quienes amenazan con estallar el país la próxima semana, de no quedar la ponencia como ellos la quieren. Por lo pronto para 28 y 29 de mayo, han sido convocados paros, mientras persiste la amenaza de una huelga general y otro estallido social que apoya el propio presidente de la República, Gustavo Petro.
