Este martes, la directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Palacio, denunció 13 hallazgos de presunta corrupción e irregularidades que habrían ocurrido en la entidad durante la administración de Juan David Palacio en la anterior administración.
Reforma administrativa
La funcionaria informó que dentro de las denuncias hay una reforma administrativa que se habría realizado en contravía de los procesos internos de la entidad. El informe arrojó la necesidad de crear 128 cargos nuevos, de los cuales 25 fueron nombrados el año pasado sin concurso interior. Al parecer, los perfiles no fueron creados objetivamente de acuerdo con la necesidad de la entidad, sino conforme a las personas que querían nombrar.
Dinero de la Secretaria de la No-Violencia
La segunda denuncia tiene que ver con dos contratos que firmó el Área Metropolitana con la secretaría de la No-Violencia de Medellín por 1.500 millones de pesos. El primero por 1.000 millones de pesos, suscrito por el excandidato Juan Carlos Upegui y el otro, por el resto de los recursos, fue firmado por Cristian Aguirre.
“En ambos se ejecutaron actividades y acciones logísticas tercerizadas por medio de Plaza Mayor y Metroparques, de los cuales a la fecha no se tienen claridad ni los soportes suficientes sobre cómo se ejecutaron los recursos”, denunció la directora.
Indicadores ficticios
Por otro lado, se encontró que, de 80 indicadores del plan de gestión, en 52 no se cuenta con los debido soportes y evidencias con las que se pueda verificar su respectivo cumplimiento.
Contratos de funcionamiento
De acuerdo con la denuncia, a finales del año pasado no se dio continuidad a una serie de contratos para garantizar el funcionamiento de la entidad durante el cambio de administración.
Lo que lleva a cuestionar si buscaban frenar la entidad o generar una crisis interna, pues los contratos eran indispensables para asegurar el debido funcionamiento de la entidad y permitir a la nueva administración contar con un tiempo prudencial para tomar las decisiones necesarias y no se hizo.
EnCicla fue abandonada
Encicla, uno de los programas insignia de la entidad, está en cuidados intensivos, lo cual se explica por un deterioro notable y una gestión inadecuada, que puede originar un presunto detrimento patrimonial.
Tren del Río sin avances
Durante la vigencia anterior no se hicieron los respectivos aportes para la capitalización de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, empresa encargada junto con el Metro de Medellín de impulsar el proyecto Tren del Río. Este año la entidad tendrá que inyectar recursos por 1.572 millones de pesos.
Arca con celebración indebida de contratos
Los tres contratos celebrados con esta corporación contaron con una inversión por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de $ 3.437.383.333. Hay presunta irregularidad sobre los aportes de Arca, ya que en la ejecución de estos no se evidenciaron los soportes que validaran la ejecución de los recursos asignados.
Tenarco tampoco pagó
El Convenio de asociación con la Fundación Tenarco fue por un valor de $1.926.714.259, en el que la Fundación se obliga a entregar $578.214.250, aporte que debió hacerse en efectivo. De acuerdo con el informe de auditoría interna de la entidad, no hay evidencia de dicho pago.
Obras sin terminar
Los recursos para concluir las obras no los dejaron en el presupuesto. Pese a que cerca de 13 obras se reportaron en ejecución y con recursos, no se encuentran los recursos.
Carrusel de contratistas
Con recursos públicos del Área Metropolitana, se firmaron contratos para el mantenimiento, cercanos a los $20.000 millones, donde al parecer se observa un presunto ‘carrusel de contratistas’ sin la experiencia e idoneidad.
Presupuestos inflados
Está en conocimiento de las autoridades competentes el presunto “carrusel” de contratos entre entidades sin ánimo de lucro que entre los años 2020 y 2022 tuvieron contratos por más de 32 mil millones de pesos y existen presuntos sobrecostos.
Formatearon equipos de computo
La directora Palacio denunció que tres equipos de cómputo fueron formateados por una persona externa a la entidad. El de la Dirección General, la Asistente de Dirección General y Contratación, al parecer por orden directa del Exdirector.
Solicitudes sin atender
Finalmente, alertó que hay más de 1.000 trámites vencidos, porque no han sido asignados, los cuales ponen en riesgos jurídico a la entidad. Adicionalmente, informó que están colaborando con las investigaciones que vienen adelantando los organismos de control y entidades competentes frente a otros tantos hechos que han sido denunciados con anterioridad.
Así mismo nuestra Entidad se ha constituido como víctima en los procesos penales en aquellos casos que ha resultado afectada
Le puede interesar: El director general de la UNGRD visita Hidroituango en compañía del Alcalde, el Gobernador y los directivos de EPM