El presidente Gustavo Petro se pronunció desde China sobre las investigaciones en curso relacionadas con el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y negó que la reforma pensional haya sido tramitada con recursos de dicha entidad.
Las declaraciones fueron emitidas a través de su cuenta de X, donde señaló directamente al expresidente del Congreso, Iván Name, capturado recientemente por presuntos actos de corrupción.
Los señalamientos del mandatario se producen mientras la Corte Suprema de Justicia avanza en los hallazgos sobre la posible entrega de dineros públicos a congresistas a cambio del respaldo a proyectos del Gobierno.
La información, según fuentes judiciales, podría incidir en el estudio de constitucionalidad que debe realizar la Corte Constitucional sobre la Ley 2381 de 2024, que contiene la reforma pensional y cuya entrada en vigencia está prevista para el próximo 1 de julio.
El presidente Petro afirmó que “usar al investigado por corrupción Iván Name, acérrimo enemigo de la reforma pensional” busca deslegitimar un proyecto que ya fue aprobado en el Congreso. También indicó que, según él, hay intereses financieros detrás de las denuncias, al referirse a los propietarios de medios de comunicación que, asegura, están relacionados con los fondos privados de pensiones.
En ese contexto, Petro cuestionó las versiones sobre la supuesta compra de la aprobación legislativa. “La prensa de los dueños de los fondos privados dice que la reforma a sus fondos se compró, pero la realidad es la contraria; Iván Name la engavetó 7 meses en el Senado de la República para hundirla”, escribió el jefe de Estado. También mencionó que de los 20 congresistas investigados, 16 votaron en contra o se abstuvieron durante la discusión del proyecto.
Los recientes aportes de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, a la Fiscalía General de la Nación, han sido incluidos dentro del proceso. Ortiz habría entregado pruebas relacionadas con la distribución de recursos por parte de la UNGRD, hechos que se investigan por presunta corrupción administrativa.
Pese a este contexto, tanto la Procuraduría General de la Nación como la Defensoría del Pueblo emitieron conceptos favorables para que la reforma pensional sea declarada exequible por la Corte Constitucional.
Petro afirmó que los demandantes del proyecto buscan ahora que sea anulado por supuestas irregularidades en su trámite, pero que, según sus palabras, “ya se dieron cuenta de que se cumplieron con todos los requisitos legales en su debate”.
La decisión de la Corte Constitucional marcará el futuro inmediato de la reforma pensional, mientras avanzan los procesos judiciales por el escándalo de la UNGRD y continúa el cruce de versiones entre el Ejecutivo y otros actores institucionales.
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