El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse este sábado sobre la decisión de la Corte Constitucional de dejar sin efectos la intervención del Gobierno a la EPS Sanitas. El mandatario señaló que el alto tribunal observó un asunto de forma en el proceso, pero insistió en que la intervención se sustentó en la grave situación financiera de la aseguradora.
“La Corte Constitucional observó un asunto de forma sobre la intervención de Colsanitas. Pero en los procesos económicos, y Colsanitas es una aseguradora financiera que tiene bajo su aseguramiento la vida de 4 millones de personas afiliadas, en los hechos económicos lo que se tiene en cuenta es la realidad de la situación financiera de la aseguradora”, afirmó Petro.
El jefe de Estado explicó que la intervención administrativa, realizada en abril de 2024, respondió a la incapacidad de la EPS para garantizar el aseguramiento en salud de sus afiliados. “La seguridad de brindar los servicios está en las reservas técnicas, que se deben volver rápidamente dinero para solventar los procedimientos. No se trata de cualquier activo, sino de activos altamente líquidos”, indicó.
Según el presidente, en ese momento Colsanitas presentaba un déficit de un billón doscientos mil millones de pesos en reservas técnicas y más de 800 mil millones de pesos en patrimonio. Frente a este panorama, Petro hizo un llamado al propietario de la EPS: “Espero que el propietario de Colsanitas allegue estos recursos a la EPS en su poder, para asegurar de verdad a sus afiliados”.
El mandatario rechazó las versiones que responsabilizan al Gobierno del deterioro de la aseguradora. “No es cierto que su aseguradora se deterioró en nuestras manos, como le dice Keralty a sus empleados. Espero no los despida y estos se organicen. La aseguradora estaba profundamente deteriorada antes de la intervención y si no le inyecta recursos su dueño, no garantizará plenamente servicios para sus afiliados ni pago de las deudas a sus proveedores”, puntualizó.
Finalmente, Petro recalcó que el propósito de la intervención no era saldar las deudas del propietario privado, sino preservar la atención a los afiliados. “El objeto de una intervención administrativa no es pagarle las deudas al propietario privado, es mantener la seguridad del tratamiento de los afiliados. Las reservas técnicas nada tienen que ver con la UPC que entrega el Gobierno para financiar el sistema, sino con las buenas prácticas financieras que toda aseguradora en el mundo debe tener”, concluyó.
