La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes anunció la apertura de una nueva fase en el expediente que se adelanta contra el presidente Gustavo Petro, al determinar que podrían existir méritos para iniciar una investigación penal por el presunto delito de falsedad ideológica en documento público.
La decisión, adoptada en el marco del expediente No. 6934, tiene origen en la denuncia presentada por el exministro Wilson Ruiz y en documentos suscritos por el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva, los cuales desencadenaron la apertura de una indagación preliminar de carácter disciplinario. Sin embargo, el representante investigador Carlos Alberto Cuenca solicitó formalmente la ruptura de la unidad procesal, lo que habilita el inicio de un procedimiento penal separado.
El argumento central para la ruptura del proceso fue la aparición de pruebas que, según la Comisión, podrían configurar una conducta punible distinta a la inicialmente investigada. En este contexto, se busca evitar decisiones contradictorias sobre los mismos hechos, conforme a lo establecido en la sentencia C-357 de 1999 de la Corte Constitucional.
La resolución fue suscrita por el triunvirato de investigadores integrado por los representantes Carlos Alberto Cuenca, Olga Lucía Velásquez y Wadith Manzur. En ella, se ordenó la devolución del expediente a la Secretaría de la Comisión para su redistribución, y se notificó tanto al presidente Petro como a la delegada de la Procuraduría General de la Nación para su intervención en la nueva etapa del proceso.
Aunque el caso se encuentra aún en etapa preliminar, esta decisión implica que el jefe de Estado enfrentará paralelamente un proceso disciplinario y otro penal. La Comisión de Acusación, como órgano competente para adelantar investigaciones contra el presidente de la República, deberá actuar en estricto cumplimiento de las garantías constitucionales y legales.
Las cartas firmadas por el excanciller Leyva, objeto central de la controversia, habrían incluido afirmaciones delicadas sobre presuntas conductas del presidente Petro que podrían tener relevancia penal. Por ahora, se espera el reparto del expediente penal y las decisiones que correspondan en las siguientes etapas procesales.
Este caso representa un desafío institucional de alto nivel, por tratarse del presidente en ejercicio, y será clave para evaluar los mecanismos de control político y judicial previstos en el marco constitucional colombiano
