Durante un Consejo de Ministros transmitido por televisión, el presidente Gustavo Petro solicitó a la canciller Laura Sarabia la eliminación de los requisitos para el nombramiento de embajadores, argumentando que cualquier colombiano, independientemente de su origen, puede desempeñar funciones diplomáticas. Esta propuesta surge tras la anulación judicial de los nombramientos de Armando Benedetti como embajador ante la FAO y de Guillermo Reyes como embajador en Suecia.
Petro expresó: “No debe haber requisitos para nombrar embajadores y embajadoras de Colombia. Cualquier hijo de obrero puede ser embajador; no les gusta, pues este es el Gobierno del cambio”. Además, sugirió que los nombramientos diplomáticos deberían reflejar una representación más diversa, asignando embajadas en países africanos a personas afrodescendientes y en países del Caribe a personas caribeñas.
Estas declaraciones contrastan con sus compromisos de campaña, donde propuso un equipo diplomático más profesional, compuesto por individuos con formación en relaciones internacionales y experiencia en la carrera diplomática.
Actualmente, para ingresar a la carrera diplomática en Colombia, se requiere ser colombiano de nacimiento, poseer un título universitario, tener la situación militar definida, dominar un segundo idioma diplomático y aprobar un concurso de méritos que incluye examen de competencias, prueba de idioma y entrevista. Además, se debe completar un proceso de formación de nueve meses y adquirir experiencia en cargos diplomáticos durante al menos 25 años antes de poder aspirar a ser embajador.
La propuesta presidencial también incluye la flexibilización de los requisitos para ingresar a la carrera diplomática, como reducir el nivel mínimo del segundo idioma de B2 a B1 y modificar el método de evaluación, lo que ha generado preocupación entre miembros de la carrera diplomática. La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) ha expresado su desacuerdo, argumentando que estas modificaciones podrían disminuir la calidad y profesionalismo del servicio diplomático colombiano.
Estas iniciativas se enmarcan en un contexto de cuestionamientos y controversias sobre los nombramientos diplomáticos realizados por el gobierno de Petro, algunos de los cuales han sido anulados por la justicia debido a irregularidades en el proceso de selección.
