La presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, Marelen Castillo Torres, expresó su rechazo frente a una publicación difundida en la red social X por el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, dirigida contra la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.
A través de un comunicado de prensa, Castillo señaló que el contenido publicado “recurre a la burla, la caricaturización corporal y la deshumanización simbólica de una mujer que ejerce funciones públicas”. Según explicó, el mensaje no se enmarca dentro de una crítica política legítima ni corresponde a una manifestación de opinión amparada por la libertad de expresión en su dimensión constitucional.
En el documento, la congresista afirmó que la publicación “reproduce un patrón históricamente documentado de violencia simbólica, misoginia y discriminación estructural contra las mujeres en la vida pública”, al utilizar la imagen del cuerpo femenino como un elemento de ridiculización, degradación y desprecio. Desde su perspectiva, este tipo de expresiones trascienden el debate político y afectan derechos fundamentales.
Castillo recordó que, en una democracia constitucional, la crítica al poder es legítima y necesaria, pero advirtió que esta pierde su validez cuando no se dirige a las ideas, decisiones o actuaciones, sino “sobre el cuerpo, la dignidad y la condición de mujer de quien ejerce un cargo público”. En ese sentido, sostuvo que cuando se caricaturiza o animaliza simbólicamente a una mujer por su apariencia física o por su identidad de género, “no se está ejerciendo control político, sino violencia”.
La presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer también alertó sobre el impacto que este tipo de publicaciones tiene más allá del caso concreto. Indicó que estos mensajes no solo afectan a la persona directamente aludida, sino que generan un efecto inhibidor en la participación de las mujeres en la política, al reforzar estereotipos que históricamente han buscado excluirlas de los espacios de poder y toma de decisiones. Según el comunicado, el mensaje que se transmite es que una mujer que participa en la vida pública puede ser expuesta “al escarnio, la burla corporal y la humillación sin límites”.
En su pronunciamiento, Castillo citó la Constitución Política de Colombia, recordando que los artículos 1, 13, 40 y 43 consagran la dignidad humana, la igualdad real y efectiva, y el derecho de las mujeres a participar en la vida política en condiciones de respeto y no discriminación. Asimismo, mencionó la Ley 1257 de 2008 y los estándares internacionales de derechos humanos, los cuales obligan al Estado y a la sociedad a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas aquellas que se ejercen en entornos digitales y mediáticos.
Finalmente, desde la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, reiteró que la violencia política contra las mujeres, en cualquiera de sus manifestaciones —física, psicológica, simbólica o digital—, constituye una amenaza directa contra la democracia. En el cierre del comunicado, hizo un llamado a líderes de opinión, medios de comunicación y ciudadanía para ejercer la crítica política con responsabilidad democrática, sin recurrir al odio, el sexismo ni la deshumanización, al tiempo que afirmó que “la democracia se fortalece con el debate de ideas; se debilita cuando se normaliza la humillación”.
