La Presidencia de la República respondió ante un juez penal de Bogotá que no tiene conocimiento ni responsabilidad sobre las interceptaciones denunciadas por Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas domésticas de Laura Sarabia, en el marco de una demanda de reparación directa interpuesta contra varias entidades del Estado.
El pronunciamiento fue remitido al Juzgado 53 Penal de Conocimiento dentro del proceso judicial promovido por Meza y Perea, quienes señalaron haber sido víctimas de seguimientos, amenazas e interceptaciones cuando trabajaban en el entorno privado de Sarabia, entonces funcionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia.
En la acción judicial también fueron demandadas la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. La Presidencia sostuvo que desconoce los hechos expuestos en la demanda y afirmó que se trata de conductas ajenas a sus funciones.
La respuesta indica que los eventos descritos no corresponden a la órbita institucional ni a sus competencias legales. Según el escrito, las circunstancias relatadas estarían vinculadas a la esfera personal de la entonces funcionaria.
La entidad señaló que, aunque Sarabia se desempeñó como funcionaria pública, situaciones relacionadas con la eventual contratación de servicios domésticos en su residencia privada no pueden atribuirse a la Presidencia. El texto recalca que esos aspectos no generan responsabilidad administrativa directa para la institución.
La respuesta oficial también menciona que no existen elementos que permitan a la entidad confirmar la ocurrencia de las conductas descritas por las demandantes. Esto se plantea pese a decisiones judiciales que derivaron en condenas contra miembros de la fuerza pública vinculados a interceptaciones ilegales en otros escenarios relacionados con el caso.
Tanto la Fiscalía como la Policía presentaron respuestas en términos similares dentro del proceso. En su comunicación, la Fiscalía indicó que los hechos alegados no configuran un daño antijurídico imputable a la entidad. Las posiciones institucionales fueron incorporadas al expediente judicial como parte del trámite de la demanda de reparación.
De forma paralela, la Fiscalía General de la Nación apartó al fiscal Juan Carlos Arias Duque de la investigación penal contra Laura Sarabia por la presunta aplicación irregular de una prueba de polígrafo a Marelbys Meza. La decisión se adoptó tras la manifestación del funcionario sobre un conflicto de intereses derivado de su relación personal con el abogado defensor de la embajadora.
El retiro del fiscal se fundamentó en la necesidad de preservar independencia e imparcialidad dentro del proceso. La investigación examina posibles responsabilidades por abuso de autoridad en hechos ocurridos a finales de enero de 2023 en instalaciones cercanas a la Jefatura de Protección Presidencial.
La demanda civil promovida por Meza y Perea continúa su curso ante la jurisdicción correspondiente, mientras las autoridades judiciales evalúan las actuaciones administrativas y penales relacionadas con las interceptaciones denunciadas y los procedimientos que rodearon el caso.
