La Procuraduría General de la Nación recibió una queja disciplinaria en contra de la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, por presunto abuso de poder y desvío de recursos públicos.
La denuncia fue interpuesta este 2 de mayo de 2025 por la abogada Inés Elena Camargo y hace referencia al uso de recursos oficiales en una rueda de prensa realizada el 30 de abril.
Según el documento presentado, Sarabia habría utilizado instalaciones, equipos y elementos del Ministerio, como el atril institucional, para referirse a temas personales durante una intervención pública.
La rueda de prensa, convocada en el marco de su participación en el aniversario de la Alianza del Pacífico, incluyó declaraciones relacionadas con el proceso judicial que enfrenta con el ministro del Interior, Armando Benedetti.
La queja argumenta que la canciller hizo uso del espacio institucional para presentar públicamente aspectos relacionados con su vida privada y actuaciones judiciales de índole personal. En la ponencia, Camargo señaló que esto se realizó durante jornada laboral y con recursos del Estado, en un acto que calificó como deliberado.
Durante el evento, Sarabia estuvo acompañada por funcionarios del Ministerio que portaban siete carpetas dirigidas a la Fiscalía General, rotuladas con títulos como “Caso penal contra Armando Benedetti, violencia contra la mujer y otros delitos”. Estos documentos fueron utilizados como respaldo a sus declaraciones en relación con la disputa legal que sostiene con el ministro.
La ministra se refirió públicamente a la situación, manifestando que no se trataba de un asunto privado, sino de una acción vinculada con la justicia y la defensa del buen nombre. “La defensa del buen nombre no es un acto de vanidad, es un acto de justicia”, afirmó.
La denuncia solicita que la Procuraduría, bajo la dirección de Gregorio Eljach, determine si existe mérito para abrir investigación disciplinaria y que se practiquen las pruebas necesarias para establecer si se incurrió en una falta gravísima. También se plantea la necesidad de evaluar si las acciones de la canciller constituyen un desvío de funciones en contravía del marco normativo.
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