El gobierno del presidente Gustavo Petro ha reactivado el debate sobre una eventual convocatoria a una Asamblea Constituyente, ahora bajo el calificativo de “popular”. La propuesta ha sido planteada por diversas voces del oficialismo como una alternativa a la frustrada consulta popular que había sido considerada meses atrás. No obstante, la alusión al carácter “popular” de la asamblea ha generado críticas por parte de sectores que consideran que se estaría buscando evadir el camino institucional establecido por la Constitución Política de Colombia.
Según juristas y analistas políticos consultados por IFMNOTICIAS, el uso del término “popular” por parte del gobierno podría implicar una intención de saltarse los procedimientos legales que requieren la participación activa del Congreso de la República para la convocatoria de una Constituyente. El artículo 376 de la Constitución establece con claridad los requisitos para dicha convocatoria, entre ellos la aprobación de una ley por parte del Legislativo y su posterior sometimiento a consulta popular.
Esta no es la primera vez que desde el Ejecutivo se plantean propuestas que, a juicio de sus críticos, podrían poner en tensión el marco institucional colombiano. Algunos sectores ven en esta estrategia una posible vía indirecta para permitir la reelección presidencial, figura que fue eliminada del ordenamiento jurídico nacional en 2015 y que solo podría ser restituida mediante una reforma constitucional legítima.
La insistencia en mecanismos alternativos a los contemplados por la Constitución ha encendido alertas en distintas ramas del poder público y en organizaciones de la sociedad civil, que advierten sobre los riesgos de debilitar la institucionalidad democrática en nombre de una supuesta representación directa del pueblo.
Mientras el gobierno insiste en que se trata de profundizar la participación ciudadana y abrir el debate sobre la estructura del Estado, voces de la oposición, sectores académicos y expertos constitucionalistas llaman a respetar el orden legal y a no instrumentalizar la voluntad popular para fines políticos particulares.
El tema promete seguir generando debate en el escenario político nacional, donde el respeto por las formas constitucionales será puesto nuevamente a prueba.
