La publicación de la carta enviada por el excanciller Álvaro Leyva al presidente Gustavo Petro ha provocado una fuerte reacción de distintos sectores del país. Las declaraciones incluidas en el documento, particularmente aquellas que hacen referencia a un supuesto problema de adicción a las drogas por parte del jefe de Estado, han generado inquietud sobre el estado de salud mental del mandatario y han abierto un nuevo debate sobre su capacidad para ejercer sus funciones constitucionales.
Uno de los apartados que más ha causado impacto en la opinión pública es el relato que hace Leyva sobre un episodio ocurrido en París, en el que asegura que el presidente se ausentó por varios días durante una visita oficial. Según el exfuncionario, posteriormente pudo conocer el lugar donde se encontraba el mandatario y, a partir de esa información, confirmar la existencia de una adicción no superada. Leyva afirma que esta situación lo dejó con una sensación de frustración y culpa por no haber intervenido oportunamente.
Tras conocerse estos detalles, diversas voces del ámbito político, social y gremial han expresado su preocupación por lo que consideran una situación grave. Varios analistas han recordado que en Colombia la adicción a sustancias psicoactivas está clasificada como una enfermedad, incluso como un trastorno de tipo mental, lo cual ha motivado a algunos sectores a plantear la necesidad de una evaluación médica rigurosa del Presidente.
Petición de valoración médica y posibles implicaciones constitucionales
Frente a la gravedad de los señalamientos, sectores de la oposición han sugerido que el Congreso de la República debería ejercer sus facultades para conformar un comité médico que evalúe la condición del jefe de Estado. La idea central es determinar si existe o no una alteración de sus capacidades mentales que comprometa su aptitud para liderar el país.
El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, afirmó que el tema amerita un análisis de fondo. “Es necesario hacer un ejercicio de conciencia institucional. Las denuncias provienen de un miembro clave del primer círculo de confianza del Presidente, y no pueden ser tomadas a la ligera”, señalaron en debates radiales varios líderes de opinión.
Mientras tanto, desde algunos sectores ciudadanos y académicos se plantea la necesidad de tratar al presidente como a cualquier otro ciudadano afectado por una enfermedad de esta naturaleza. Se ha propuesto que, si se confirma la adicción, sea tratado de forma urgente y, de ser necesario, delegue temporalmente sus funciones en quien pueda ejercerlas con plena capacidad.
Dudas sobre la salud mental y efectos en el ejercicio del poder
Entre los argumentos que más peso han tomado en los últimos días está la relación entre la adicción a las drogas y sus efectos sobre la percepción de la realidad. Diversos expertos médicos han advertido que este tipo de condición puede generar estados de enajenación mental, desorientación y pérdida de juicio, lo cual compromete la toma de decisiones en un cargo de tan alta responsabilidad como la Presidencia.
En ese contexto, las declaraciones del excanciller han sido interpretadas como una explicación a una serie de comportamientos públicos del presidente que ya venían siendo cuestionados. Se mencionan, por ejemplo, intervenciones públicas erráticas, ausencias en eventos institucionales, cambios de postura abruptos y afirmaciones sin sustento que habían generado inquietud en distintos sectores. En ese mismo sentido hay cuestionamientos serios sobre si varias de las tomas de decisiones del Presidente han sido en estado de alucinación por drogas y alteración mental o en sano juicio.
Las voces que piden respuestas coinciden en que el país tiene derecho a conocer el verdadero estado de salud del mandatario. Aunque aún no hay un pronunciamiento oficial desde la Casa de Nariño, el impacto de la carta de Leyva ha reactivado un debate que trasciende lo político y se inscribe en la defensa de la institucionalidad.
Para muchos, se trata de garantizar que la Presidencia de la República sea ejercida por una persona en pleno uso de sus facultades mentales, en beneficio de la estabilidad del país y la confianza en sus instituciones.
