El Gobierno Nacional evalúa la conformación de una terna para un posible reemplazo en la Presidencia de Ecopetrol en medio del proceso judicial que enfrenta su actual directivo, Ricardo Roa.
La revisión interna se produce luego del anuncio de la Fiscalía General de la Nación sobre la imputación de cargos relacionada con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022 y un caso de presunto tráfico de influencias.
De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, desde la Casa de Nariño se han realizado contactos preliminares con varios perfiles del sector energético para consultar su interés en participar en el proceso de selección. La decisión sobre la continuidad o salida del actual Presidente de la compañía podría definirse en un plazo aproximado de tres semanas, mientras su defensa ha indicado que no contempla una renuncia.
Entre los nombres que se analizan figura Luis Enrique Rojas, exdirectivo de la petrolera Hocol, con trayectoria en la administración de empresas del sector de hidrocarburos. También aparece Luis Eduardo Parra, actual presidente de Hocol y exfuncionario en el área de control institucional. Un tercer nombre mencionado es el del ministro de Minas, Edwin Palma, quien forma parte del gabinete nacional.
La junta directiva de Ecopetrol tiene programadas reuniones durante la semana en las que se presentará un informe sobre el estado de la situación desde la perspectiva del impacto institucional. Según fuentes cercanas al proceso, el análisis incluirá evaluaciones realizadas por consultoras externas y por equipos internos de la compañía, con el fin de revisar los efectos administrativos derivados del proceso judicial.
La audiencia de imputación contra Roa está prevista para los días 11 y 12 de marzo. El caso relacionado con la campaña presidencial se centra en la presunta violación de topes electorales durante su gestión como gerente de la campaña. La investigación adicional por tráfico de influencias está asociada a la compra de un inmueble en Bogotá, operación que es objeto de revisión por parte de las autoridades.
Tras conocerse la imputación, dirigentes políticos han solicitado públicamente la renuncia del directivo. Los pronunciamientos señalan la necesidad de evaluar el impacto institucional de su permanencia en la empresa.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene la revisión de posibles candidatos y continúa el seguimiento del proceso judicial que avanza en la jurisdicción penal.
