El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, cumplió la orden de la Corte Constitucional y emitió una disculpa pública dirigida a la Asociación de Madres de Falsos Positivos de Soacha (Mafapo), tras los hechos ocurridos en noviembre de 2024, cuando retiró una instalación artística que rendía homenaje a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
En la carta divulgada, Polo Polo expresó que respeta las decisiones judiciales y reconoció la legitimidad de la instalación “Mujeres con las botas bien puestas”, como lo ordenó el alto tribunal. Manifestó que desconocía el origen y el significado de la obra, y aseguró que no tenía conocimiento de que representaba una expresión de memoria de las víctimas.
El congresista también señaló que su intención no fue atacar a las integrantes de Mafapo, sino cuestionar lo que considera una manipulación de cifras sobre los llamados “falsos positivos”. En su declaración escribió: “Mi objetivo es algo mayor; derrumbar una mentira creada alrededor de un número inflado para hacer política y dinero. No ustedes, señoras de la fundación Mafapo”.
En cumplimiento de la sentencia T-375 de 2025, Polo Polo reconoció la naturaleza legítima de la exposición y el origen de la misma como un ejercicio de memoria histórica. Indicó que acepta la existencia de los 1.934 casos de ejecuciones extrajudiciales reportados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aclaró que no ha negado dicha cifra.
El representante reconoció además que sus comentarios del 6 de noviembre de 2024, en los que cuestionó posibles pagos a las creadoras de la muestra, pudieron malinterpretarse. Por orden de la Corte, ofreció disculpas expresas a las madres de Mafapo y admitió que no tiene pruebas de los señalamientos que realizó en su momento.
En su declaración, Polo Polo también reiteró su apoyo a las instituciones judiciales y aseguró que seguirá defendiendo la verdad en los procesos de memoria y justicia, sin revictimizar a quienes buscan esclarecer los hechos del conflicto armado.
Finalmente, el congresista solicitó a las autoridades competentes que se entreguen cifras claras y verificables sobre los casos de falsos positivos para evitar su uso político. El cumplimiento de la orden judicial incluye mantener la disculpa publicada en sus redes sociales durante seis meses y participar en un proceso de reparación simbólica junto a la fundación Mafapo.
