La candidata presidencial Paloma Valencia denunció un presunto uso de recursos públicos en Colpensiones para la contratación de trabajadores en misión entre marzo de 2025 y junio de 2026, por un monto que, según indicó, asciende a $146.449 millones.
De acuerdo con información disponible en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), con corte a diciembre de 2025 se habían vinculado 1.051 trabajadores bajo esta modalidad. La candidata señaló que este esquema de contratación corresponde a “burocracia pura y dura en época electoral”, en referencia al momento en el que se desarrollan estas vinculaciones.
Según Valencia, este tipo de contratación permite a las entidades estatales tercerizar personal y evitar que el crecimiento de la planta quede reflejado en las cifras oficiales. “Esta práctica permite maquillar el derroche burocrático”, afirmó, al cuestionar el uso de figuras contractuales que, en su criterio, no evidencian el aumento real del personal vinculado.
En su pronunciamiento, la candidata también advirtió que el contrato inicial, previsto hasta diciembre de 2025, fue prorrogado hasta el 30 de junio de 2026. A su juicio, esta ampliación facilita la vinculación masiva de personal durante el periodo electoral, lo que, según expresó, genera interrogantes sobre la oportunidad y finalidad de estas decisiones administrativas.
“La figura de contratación por derecho privado les permite evadir la Ley de Garantías y esconder la burocracia”, afirmó Valencia. En su declaración, relacionó estos hechos con el debate sobre la reforma pensional, al advertir posibles implicaciones en el manejo de los recursos del sistema.
La candidata señaló que existe un riesgo de que los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores sean utilizados para financiar gastos administrativos, así como eventos y publicidad. Este planteamiento lo hizo en el marco de las discusiones actuales sobre el futuro del sistema pensional en Colombia.
Finalmente, Valencia hizo un llamado a la Contraloría General de la República para que adelante una investigación inmediata sobre estos hechos. En su solicitud, pidió que se determinen posibles responsabilidades fiscales relacionadas con la contratación señalada y el uso de los recursos en la entidad.
