La Policía Nacional ha incrementado su capacidad operativa y de respuesta, principalmente en los municipios del nordeste de Antioquia, tras la escalada de ataques en su contra que ya deja un saldo de 31 policías y militares asesinados en las últimas semanas. Como parte de las acciones de contención, se han intensificado los patrullajes y se ha fortalecido la protección de las estaciones de policía y de los uniformados en sus labores diarias.
Este aumento en las medidas de seguridad no es exclusivo del nordeste. En diversas regiones del país, las autoridades policiales han implementado protocolos adicionales ante la amenaza directa del denominado “plan pistola”, ejecutado por el EGC-Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Estos grupos armados ilegales han dirigido su ofensiva contra la fuerza pública, generando un clima de tensión y alerta máxima en varias zonas del territorio nacional.
El director general de la Policía Nacional, general Carlos Triana, anunció que se ha dado la instrucción a todas las unidades policiales para reforzar las guardias y portar de manera permanente sus armas de dotación, incluso llevándolas consigo fuera del servicio y a sus residencias. Triana subrayó la importancia de que los agentes adopten medidas de precaución adicionales y apeló a la solidaridad de la ciudadanía, instando a la población a reportar cualquier movimiento sospechoso que pueda prevenir nuevos ataques.
En el ámbito regional, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó su respaldo total a la Fuerza Pública. Como parte de su compromiso, elevó a 500 millones de pesos la recompensa ofrecida por información que permita capturar a los responsables de los atentados. Además, el mandatario visitó las clínicas donde permanecen hospitalizados varios policías heridos en los recientes hechos violentos, enviando un mensaje de apoyo y reconocimiento a su labor.
Las autoridades continúan desplegando esfuerzos para frenar esta ola de violencia que afecta a la institución policial, al tiempo que se refuerza la presencia institucional en las zonas más golpeadas por los ataques. La seguridad de los agentes y de las instalaciones policiales sigue siendo una prioridad en medio de este complejo escenario de orden público.
