En un giro inesperado, el Gobierno del presidente Gustavo Petro parece estar preparando un decreto que podría abrir la puerta a la compra legal de cultivos de coca ya establecidos en territorios controlados por grupos criminales.
Este polémico decreto, compartido por los Ministerios de Justicia, Agricultura y Salud para comentarios públicos, regula el uso de la coca con fines médicos y científicos, pero incluiría una disposición que, según el senador opositor David Luna, podría permitir al Estado adquirir estos cultivos bajo el pretexto de investigación o salud.
¿Qué busca el decreto?
En teoría, el decreto establece un sistema de licencias para que la hoja de coca pueda ser utilizada legalmente en proyectos de investigación médica y científica.
Sin embargo, según el senador Luna, este proyecto de ley no solo pretende permitir la siembra con estos fines, sino que también deja la puerta abierta para que el Gobierno compre coca cultivada por campesinos en zonas donde imperan grupos ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y el Estado Mayor Central.
La Embajada de Colombia en Estados Unidos, encargada de preparar un informe para el Departamento de Estado, ha advertido que esta cláusula podría convertirse en un ‘mico’ legislativo, facilitando la compra de cultivos en zonas controladas por criminales, bajo una “cobertura legal” que cuestiona la legalidad y constitucionalidad del decreto.
La alerta de David Luna
Luna, Senador de Cambio Radical, no tardó en denunciar el borrador del decreto como un intento del Gobierno de “burlar la ley” al permitir la compra de coca preexistente bajo el argumento de su uso en investigación médica.
“El Gobierno del presidente Petro está tratando nuevamente de brincarse la ley y a través de un ‘orangután’ en un borrador de decreto que pretende legalizar la compra de cultivos de coca. Desde mi punto de vista, eso es inconstitucional e ilegal”, denunció Luna.
El Senador también advirtió que los recursos destinados a estas compras podrían caer en manos de organizaciones criminales, señalando la posibilidad de que el dinero de los colombianos termine en los bolsillos de grupos armados, tanto nacionales como internacionales.
Una legalización disfrazada: los detalles del decreto
El decreto de 28 páginas describe un procedimiento detallado para la obtención de licencias de siembra, posesión de semillas y uso de la coca, tanto para nuevos como para antiguos cultivos, incluyendo aquellos bajo control de comunidades campesinas o étnicas.
Según el borrador, estos proyectos deben contar con la colaboración de dichas comunidades en zonas donde se cultiva la coca, con el fin de asegurar un “reparto justo y equitativo acordado con la comunidad”. Las semillas también podrían obtenerse de resguardos comunitarios y de importaciones legales, una medida que busca legitimar el uso de la planta en un contexto de alta conflictividad territorial y política.
Sin embargo, en un intento por establecer regulaciones, el decreto establece que las entidades públicas no podrán asociarse con comunidades cuyos representantes tengan antecedentes legales, ni operar en zonas de orden público crítico. Aun así, esto no parece suficiente para evitar que el flujo de dinero público termine en manos equivocadas.
El senador Luna dejó claro que, de aprobarse el decreto en su estado actual, tomará medidas legales contra él. “La tipificación de un delito, como lo es el cultivo de coca, es competencia exclusiva del Congreso.
Si el Presidente desea eliminar este tipo penal, debe presentar una propuesta legislativa y someterla al debate y aprobación del Legislativo”, puntualizó.
