Una nueva polémica sacude a la Contraloría General de Antioquia luego de que el veedor ciudadano Daniel Salazar denunciara públicamente que la contralora saliente, Enedith del Carmen González Hernández, estaría impulsando a última hora un proyecto de ordenanza para transformar 66 cargos de libre nombramiento y remoción en cargos de carrera administrativa, justo en los últimos días de su mandato.
“El proyecto pretende convertir 66 cargos de confianza en puestos de carrera, lo que garantizaría su permanencia indefinida en la planta de personal. Es decir, dejar amarrado el equipo de Trujillo y Julián Bedoya en plena salida del gobierno. Una jugada al estilo de la ‘Quinterada’ de diciembre de 2023”, aseguró Salazar.
El proyecto de ordenanza No. 26 de 2025, radicado ante la Asamblea Departamental el pasado 17 de junio, contempla suprimir 66 cargos de Contralor Auxiliar Código 035 Grado 01 de los 112 actuales, y crear en su lugar 66 cargos de Profesional Especializado Código 222 Grado 02, con una asignación mensual de $7.931.735. En la exposición de motivos se argumenta que esta transformación “garantiza el ingreso, el ascenso y la permanencia en los empleos del personal altamente capacitado y profesionalizado”.
Según el documento oficial, esta modificación busca optimizar el recurso humano en pro de la eficiencia institucional, especialmente en áreas misionales como la auditoría y la responsabilidad fiscal.
Pero para el veedor ciudadano, la iniciativa tiene otro trasfondo: “Hoy quieren dejar amarrado al equipo de Trujillo y de Julián Bedoya. ¡Qué bellezas! Mejor que informe la contralora cuántos procesos están por prescribir por culpa de la inoperancia de la entidad”.
Salazar también cuestionó la supuesta contradicción entre esta propuesta y las medidas de austeridad anunciadas por la administración: “Dicen que hay austeridad, pero proponen crear cargos permanentes con sueldos elevados, justo antes de irse”.
El caso recuerda la controversia vivida en Medellín en diciembre de 2023, cuando el entonces alcalde Daniel Quintero firmó más de 200 nombramientos antes de abandonar el cargo, en lo que fue denunciado como un intento de “atornillamiento político”.
