Una solicitud de pérdida de investidura fue presentada ante el Consejo de Estado contra la representante a la Cámara por el departamento del Amazonas, Mónica Karina Bocanegra Pantoja, integrante del Partido Liberal.
El documento acusa a la congresista de presunta indebida destinación de recursos públicos por la contratación de un funcionario que no habría cumplido sus funciones dentro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
Según la demanda, Bocanegra habría designado a Luis Arturo Hayden como asistente de su UTL durante un periodo en el cual este no se encontraba en el país. Un certificado emitido por Migración Colombia indica que Hayden estuvo fuera del territorio nacional entre agosto de 2022 y marzo de 2023, fechas en las que continuó recibiendo su salario como empleado del Congreso.
La Ley 2029 de 2020, que regula el trabajo remoto en el Legislativo, establece que los funcionarios de las UTL no pueden ejercer sus funciones desde el extranjero sin contar con autorización, comisión o justificación oficial. De confirmarse estos hechos, los pagos efectuados durante ese periodo habrían sido irregulares, lo que, según la denuncia, habría generado un detrimento patrimonial superior a los 24 millones de pesos.
El caso ha tomado mayor relevancia debido a los antecedentes del propio Hayden, ya que según la Corte Suprema de Justicia, él ya había sido vinculado a un esquema de contrataciones ficticias cuando trabajaba en la UTL del exrepresentante Manuel Antonio Carebilla Cuéllar. En ese proceso también se habría comprobado la recepción de pagos sin la prestación efectiva de servicios.
La solicitud presentada ante el Consejo de Estado subraya que la representante Bocanegra conocía la normatividad aplicable al manejo de recursos públicos. La petición recuerda que la congresista cuenta con un historial judicial relacionado con presuntas irregularidades administrativas.
Mónica Karina Bocanegra Pantoja es administradora pública y especialista en Gerencia Social, con formación en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Su trayectoria política comenzó como diputada del Amazonas por el Partido Liberal en 2007. Desde entonces, fue reelegida en cuatro ocasiones consecutivas, ocupando cargos como presidenta y vicepresidenta de la Asamblea Departamental.
En 2017 fue detenida por la Fiscalía junto con otros diputados, investigada por los presuntos delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público y prevaricato por acción, en relación con el cobro de primas y vacaciones. Aunque recuperó su libertad meses después, en 2018 fue sancionada por la Procuraduría con suspensión e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Esta sanción fue apelada y posteriormente revocada, lo que le permitió postularse a la Cámara de Representantes en 2022.
En su candidatura recibió el respaldo de Mauricio Gómez Amín, dirigente político barranquillero y miembro del denominado Clan Char. Obtuvo más de cinco mil votos, consolidándose como una de las dos representantes del Amazonas en el Congreso. En 2023 asumió la presidencia de la Comisión Segunda de la Cámara, lo que incrementó su visibilidad nacional.
A nivel regional, ha trabajado de manera cercana con el actual gobernador del Amazonas, Óscar Sánchez, quien ha contado con respaldo del Ejecutivo. Durante la campaña de Sánchez, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, manifestó públicamente su apoyo. Este vínculo ha posicionado a Bocanegra como un puente entre el gobierno central y las autoridades locales del Amazonas.
El Consejo de Estado tendrá que evaluar si existen elementos suficientes para dar trámite a la solicitud de pérdida de investidura, figura jurídica que implica la salida inmediata del Congreso y la inhabilidad para ocupar cargos de elección popular.
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