Durante el polémico discurso que entregó Gustavo Petro en la ciudad de Cali, en varias ocasiones se refirió al atentado del que fue víctima el precandidato Miguel Uribe.
Si bien el tema de la intervención era anunciar el «decretazo» que convoca a una consulta popular, al inicio del discurso solicitó un minuto de silencio por la recuperación de Miguel Uribe. «Se debate entre la vida y espero que la vida», afirmó el mandatario, se refirió a que la mamá del Senador, había sido asesinada por el narcotráfico.
Ante las aseveraciones que culpan a Petro indirectamente por el atentado debido a sus intervenciones anteriores en plazas públicas y redes sociales, dijo, «El culpable no es el pueblo de Colombia ni su Presidente. La consulta popular no es amiga de los asesinos. La desigualdad social sí es amiga de los asesinos», manifestó Petro.
Aseguró que ha solicitado a la Embajada de los Estados Unidos para que con sus cuerpos de inteligencia colaboren para esclarecer el crimen, «No quiero escatimar ni un esfuerzo, ni una hora en saber quiénes fueron; tengo indicios y no apuntan a las histerias que hay en la calle, apuntan a otra cosa», afirmó Petro.
Respecto a esto, informaciones entregadas por la W Radio, afirman que un portavoz de la Embajada de los Estados Unidos, aseguró que el gobierno de ese país estaría colaborando con la investigación del crimen cometido contra el Senador.
«Washington ofreció apoyo y actualmente provee a las autoridades colombianas asistencia en materia de investigación para ayudarles a hacer justicia por este atroz crimen», teniendo en cuenta que el arma con que se atentó contra la vida de Uribe, fue adquirida de manera legal en los Estados Unidos.
También solicitó a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, que permita que una comisión independiente de investigación judicial de las Naciones Unidas, ayude a esclarecer no solo el crimen de Miguel Uribe, sino todos los asesinatos de líderes sociales que han muerto asesinados en Colombia.
La creación de una comisión como la que propone Petro depende de factores jurídicos, políticos y diplomáticos.
Una organización como la ONU evaluaría la gravedad del hecho por el que se solicita su intervención, el impacto político o mediático y su relevancia a nivel nacional e internacional.
La intervención de la ONU, debe ser solicitada por el Estado y se evaluará si las instituciones del país no tienen la capacidad o se niegan a adelantar una investigación.
Ante lo propuesto por el primer mandatario, algunos juristas consideran que este tipo de comisiones pueden violar la soberanía nacional, son costosas y su trabajo generalmente toma largo tiempo, además deben contar con una resolución de creación de parte del Consejo de Seguridad o la Asamblea General de la ONU.
La propuesta presidencial es viable, pero en la realidad es poco probable a un corto plazo, tomaría tiempo y mientras este pasa, las investigaciones pueden caer en un letargo que incluso lleve a la impunidad.
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