En el marco del Día Internacional del Trabajo, el presidente Gustavo Petro radicó formalmente ante el Senado de la República una solicitud para que se emita concepto favorable sobre la convocatoria a una consulta popular de carácter nacional. La iniciativa busca que los colombianos se pronuncien directamente sobre aspectos clave de la reforma laboral propuesta por su Gobierno.
La petición, firmada por el mandatario y todos sus ministros, fue dirigida al presidente del Senado, Efraín José Cepeda Sarabia, y al secretario general de la corporación, Diego Alejandro González González. En el documento, el Ejecutivo invoca los artículos 40, 103 y 104 de la Constitución Política, así como las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015, que regulan los mecanismos de participación ciudadana.
Según el escrito, “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado”. El Gobierno argumenta que la reforma laboral, que no ha logrado avanzar en el Congreso, debe ser sometida a la voluntad popular para garantizar los derechos fundamentales y promover condiciones laborales más justas.
Entre los temas incluidos en la propuesta de consulta están la ampliación de licencias y la flexibilización de jornadas para personas cuidadoras o con condiciones particulares de salud; la garantía de condiciones laborales dignas para trabajadores de plataformas digitales, madres comunitarias, artistas, deportistas y trabajadores rurales; así como el fortalecimiento de mecanismos para combatir la discriminación laboral desde un enfoque de género, interseccional y territorial.
“La jurisprudencia constitucional ha señalado en múltiples ocasiones que el derecho al trabajo no puede analizarse desde una perspectiva puramente económica o contractual, sino como una expresión de la dignidad humana y un instrumento de realización de la igualdad material”, se lee en la carta enviada al Congreso.
El Gobierno propone que, una vez emitido el concepto favorable del Senado, la consulta se realice a más tardar el 1 de septiembre de 2025, conforme a los plazos establecidos en la Ley 1757 de 2015. Esta ley otorga al Senado un mes, desde la radicación del escrito, para pronunciarse. Si no lo hace en ese tiempo, el presidente podrá convocar directamente la jornada electoral mediante decreto.
Petro recordó en el documento que su propuesta política “siempre manifestó la necesidad de las reformas sociales estructurales que se requerían para el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales y con ello garantizar condiciones dignas y justas en el ámbito laboral y superar las desigualdades”.
Finalmente, el presidente solicitó al Senado que emita “concepto favorable respecto de la consulta popular de carácter nacional cuyas preguntas se encuentran como anexo al presente documento”.
