El presidente Gustavo Petro solicitó a la Corte Constitucional levantar la suspensión del Decreto Legislativo 1390 de 2025, argumentando que la magnitud de la emergencia climática que afecta a los departamentos de Córdoba y Sucre supera cualquier escenario previsto y requiere herramientas constitucionales plenas para una respuesta inmediata del Estado.
En un documento dirigido a la Sala Plena y fechado el 9 de febrero de 2026 en Bogotá, el mandatario expuso el balance humanitario de la situación. Según el texto, “han muerto al menos catorce (14) personas”, más de nueve mil viviendas han sido destruidas y cerca de cincuenta mil familias, unas trescientas mil personas, resultaron afectadas. Además, más de treinta y cinco mil hectáreas productivas permanecen inundadas, lo que compromete el sustento y la alimentación de miles de hogares.
El presidente explicó que lo que inicialmente fue advertido como un riesgo técnico, incluso por organismos internacionales como la FAO, hoy se materializa en comunidades enteras. “No es un riesgo teórico: es un hecho extraordinario”, señaló. En el documento se aclara que, aunque el Estado había identificado riesgos asociados al cambio climático, la emergencia actual “no corresponde a una evolución normal ni previsible” de esos escenarios.
Petro atribuyó la crisis a la llegada de un frente frío de origen ártico al Caribe colombiano, acompañado de lluvias de intensidad sin registros históricos ni estadísticos en la región. Añadió que la crisis climática global se manifiesta mediante eventos abruptos e impredecibles y que, en este caso, “no se podía prever ni su magnitud, ni su simultaneidad, ni el impacto humano que hoy se constata”. Los informes técnicos, según el documento, advierten la posible llegada de un nuevo frente frío, lo que podría profundizar la emergencia.
El Gobierno Nacional informó que ha activado todas sus capacidades institucionales, con la articulación de los ministerios y entidades reunidas en el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Sin embargo, el presidente advirtió que la suspensión del Decreto 1390 limita la capacidad de respuesta. “La permanencia de la suspensión del Decreto Legislativo 1390 de 2025 limita la posibilidad de actuar con la rapidez y el alcance que esta emergencia exige”, afirmó.
En su comunicación, Petro subrayó que la solicitud a la Corte no obedece a un debate político. “Aquí no está en juego una concesión política, ni un debate ideológico, ni una diferencia de enfoques”, escribió. Para el mandatario, lo que está en riesgo es “la vida de las personas, la protección de familias enteras y la posibilidad de evitar daños irreparables”. Cada día sin las herramientas constitucionales disponibles, sostuvo, implica más sufrimiento y más riesgo para comunidades ya golpeadas.
El presidente reconoció la decisión de la Corte de suspender el decreto y aseguró que el Gobierno la ha acatado “de manera estricta y sin reservas”. No obstante, indicó que los hechos sobrevinientes y de gravedad creciente justifican la reconsideración. “Gobernar en democracia implica respetar el control constitucional, pero también asumir la responsabilidad de proteger a la población cuando la urgencia es real y apremiante”, señaló.
La solicitud concluye reiterando que levantar la suspensión del decreto “no es un gesto político”, sino “una decisión humana, constitucional y necesaria para salvar vidas”. Hasta el momento, la Corte Constitucional no ha informado públicamente cuándo abordará la petición del Ejecutivo.
