El presidente Gustavo Petro se refirió este martes 24 de junio a las reacciones generadas por su participación en un evento público en La Alpujarra, Medellín, donde compartió escenario con reconocidos exjefes de estructuras armadas que operaron en el Valle de Aburrá y hoy se encuentran recluidos en la cárcel de Itagüí.
En su pronunciamiento, el jefe de Estado atribuyó la controversia a la manera en que los medios de comunicación cubrieron la jornada. “La prensa colombiana antes de entrar en masa a criticar el acto de Medellín, les disgustó que hubiera llenado la plaza de la Alpujarra, y prefirió seguir el mensaje de la extrema derecha, emanado por altos dirigentes políticos de la región, que entender los mensajes directos y explícitos que se dieron en el acto”, publicó en sus redes sociales.
Durante el evento, hicieron presencia figuras como Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; y Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre. Todos cumplen condenas por delitos como concierto para delinquir y homicidio, y están señalados como antiguos cabecillas de estructuras como La Oficina, El Mesa y La Unión.
La presencia de estos individuos en un acto público con el presidente ha generado pronunciamientos por parte de distintos sectores políticos y ciudadanos, quienes han cuestionado el alcance de la política de Paz Total, impulsada por el actual gobierno.
Petro acompañó su declaración con un video en el que hace referencia al jurista Luigi Ferrajoli, autor del libro Derecho y razón, destacando la influencia de sus planteamientos sobre la justicia restaurativa, la cual, recordó, hoy es ley de la República. “Más adelante me pronunciaré a fondo al respecto”, escribió el mandatario.
Ferrajoli, citado por el presidente, plantea que el garantismo debe ser entendido más allá de la simple declaración de derechos fundamentales. Según el autor, es necesario establecer mecanismos efectivos para proteger a los ciudadanos frente al poder del Estado, resaltando la importancia de una separación entre el derecho y la moral, así como de límites al poder para prevenir abusos.
El presidente no descartó emitir una nueva declaración ampliada sobre el tema, en un contexto en el que persisten cuestionamientos sobre el uso de escenarios institucionales para encuentros con actores vinculados al conflicto armado urbano y su eventual participación en procesos de justicia transicional.
