Este martes, a las 7:00 de la noche, Petro se dirigirá nuevamente al país a través de una alocución presidencial, en un mensaje en el que se espera que oficialice el monto del salario mínimo que regirá en 2026 y haga referencia al decreto mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica.
La intervención del jefe de Estado se produce en medio de la expectativa nacional por el ajuste anual del ingreso mínimo legal y tras los anuncios relacionados con el control constitucional que ejercerá la Corte Constitucional sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
De acuerdo con información conocida en las últimas horas, el mandatario posiblemente comunicará el incremento definitivo del salario mínimo para el próximo año, luego de culminar el proceso de concertación entre el Gobierno, los gremios empresariales y las centrales sindicales.
Aunque la cifra será confirmada oficialmente durante la alocución, estimaciones entregadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, indican que el ajuste podría ubicarse entre el 11% y el 12%.
Con base en esas proyecciones, el salario mínimo mensual, sumado al auxilio de transporte, podría acercarse o superar los 1.800.000 pesos. El anuncio impactará de manera directa a millones de trabajadores formales en el país y se da en un contexto marcado por discusiones sobre el poder adquisitivo, el costo de vida y las condiciones económicas generales.
La alocución presidencial también se realizará después de que el Gobierno expidiera el decreto que declara el estado de emergencia económica. Sobre esta medida, la Corte Constitucional informó que asumirá el control automático de constitucionalidad una vez finalice la vacancia judicial que actualmente rige en toda la rama judicial.
El alto tribunal precisó que dicho control se ejercerá sobre el decreto declarativo y sobre los decretos legislativos que se expidan en su desarrollo. En un comunicado divulgado este martes, la Corte explicó que la vacancia judicial inició el 20 de diciembre y se extenderá hasta el 10 de enero de 2026, periodo durante el cual se suspenden las actividades ordinarias de los despachos judiciales.
Por esta razón, el estudio de constitucionalidad solo podrá comenzar una vez se restablezca plenamente la actividad judicial, lo que está previsto a partir del 13 de enero. Según indicó el tribunal, el procedimiento fue definido en una reunión de magistrados realizada hoy martes, en la que se estableció que el análisis se hará conforme a los artículos 212 a 215 de la Constitución Política y a la Ley Estatutaria 137 de 1994, normas que regulan los estados de excepción en Colombia.
La Corte recordó que este control automático se rige además por los artículos 241 a 243 de la Carta Política y por las disposiciones que regulan el funcionamiento de la administración de justicia. Como antecedente, el alto tribunal mencionó el trámite aplicado al Decreto 4975 de 2009, expedido durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el cual fue estudiado por la Corte tras el levantamiento de la vacancia judicial de ese año.
