En el marco del Congreso Nacional de Municipios 2025, que se realizará en Cartagena hasta el 9 de mayo, el presidente Gustavo Petro cuestionó la eficiencia en la ejecución de los recursos públicos destinados a sectores como salud y educación.
Durante su intervención en la jornada inaugural del evento el pasado 7 de mayo, el jefe de Estado propuso una auditoría a los departamentos para verificar cómo se han invertido los fondos asignados desde la Nación.
“Se debe hacer una evaluación del gasto municipal en los últimos tres años”, indicó Petro, quien defendió que muchos de esos recursos provienen de la reforma tributaria sancionada en diciembre de 2022. El mandatario manifestó su intención de examinar si dichos dineros han sido empleados de manera adecuada, particularmente en la ampliación de las plantas docentes.
“Yo me comprometo a que haya una auditoría que nos permita mirar si el gran esfuerzo de la Nación, hecho en salud y educación, realmente fue invertido en el crecimiento de las plantas docentes de Colombia y, por tanto, en el crecimiento del nivel promedio de conocimiento de los niños y niñas”, afirmó el Presidente.
Petro también se refirió a la justicia en Colombia, calificándola como “injusta” y reiterando la necesidad de avanzar en una reforma que transforme la visión actual sobre las penas. En cuanto a temas ambientales, advirtió sobre los efectos del cambio climático y la vulnerabilidad del país. “Cada invierno son cifras de muertos y muertos. Adaptarse implica unos costos, cada vez serán más grandes”, advirtió.
Además, criticó el modelo de inversión pública en infraestructura, señalando que los grandes proyectos viales han limitado la ejecución de obras consideradas prioritarias para las regiones, como las vías terciarias. “Parte del gasto se ha ido en megaproyectos irreversibles, lo que impide atender necesidades más urgentes”, declaró.
El discurso de Petro se dio en medio de tensiones con varios alcaldes del país, quienes aprovecharon el encuentro para exponer sus reclamos frente al Gobierno Nacional. Entre las principales quejas estuvo la falta de recursos, los problemas de seguridad y la escasa interlocución con los ministerios.
La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, hizo un llamado de emergencia tras el secuestro de un menor de 11 años ocurrido el pasado 3 de mayo. “Presidente, esto no es un discurso, esto es una realidad. Señor presidente, esto es un SOS de nuestros municipios”, dijo la mandataria, quien también pidió que su localidad sea incluido en el Pacto Cauca.
Por su parte, Graciela Hernández, alcaldesa de Puerres (Nariño), cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo. “¿Por qué nos ha tratado así, señor Presidente?”, expresó ante las dificultades para acceder a los recursos prometidos.
El mandatario de los colombianos respondió afirmando que la limitación presupuestal se debe a problemas fiscales estructurales. “Ese gasto depende de los ingresos, sería un error imprimir (más dinero) porque ocasionarían un desastre”, señaló, añadiendo que el Congreso y la Corte Constitucional son responsables por la caída de proyectos de ley como la Ley de Financiamiento y el impuesto al carbón. “Se intentó un ahorcamiento del Gobierno desde el punto financiero”, sostuvo.
Durante su intervención, también lanzó críticas a la actual administración de Bogotá, señalando un aumento en la pobreza multidimensional, la tasa de homicidios y la exclusión femenina en la capital. “En general, en el resto de municipios, la pobreza multidimensional baja”, dijo.
La intervención del mandatario generó molestia entre varios asistentes, quienes interrumpieron con gritos desde sus puestos. “Presidente, hable de inversión, obras son amores”, exclamaron algunos alcaldes, mientras otros gritaban: “¡Necesitamos plata!”. Petro replicó: “Prefieren hablar del cemento”. Algunos mandatarios optaron por retirarse del recinto.
En materia de seguridad, Petro defendió los avances de su política de “Paz Total”, a pesar de los recientes hechos de violencia. Se refirió al «plan pistola» atribuido al Clan del Golfo, que ha causado la muerte de más de 25 uniformados. “Porque les estamos dando muy duro, porque la «Paz Total» es estrategia político-militar, no es ingenua”, dijo.
El mandatario reconoció también su error al mencionar la posibilidad de cambiar la administración de los puertos, aclarando que estos están sujetos a contratos complejos. No obstante, indicó que la vigilancia debe ser intervenida. “La policía de los puertos la controla la mafia y la política local empieza a vivir de esas mafias”, advirtió.
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