En la tarde del martes 3 de septiembre, el Gobierno de Gustavo Petro anunció la designación de cuatro cabecillas de las disidencias de las Farc como gestores de paz, desatando una ola de críticas en todo el país.
Los nombramientos incluyen a Edgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu; Wenser Sony Duque Duque, alias Oliver; Diego Armando Vargas Betancur, alias Boyaco; y María Alejandra Ojeda.
Estos individuos fueron capturados el pasado 23 de julio durante una operación del Ejército Nacional en Antioquia, mientras se movilizaban en camionetas pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
De acuerdo con la resolución emitida por el gobierno, los disidentes deberán “contribuir con su conocimiento y experiencia a la estructuración del proceso de paz” y promover acuerdos y acciones humanitarias.
Este acuerdo, con una duración de seis meses, suspende temporalmente sus órdenes de captura y procesos penales mientras actúan como gestores de paz en todo el territorio nacional. Además, los designados deberán comprometerse a participar en diligencias judiciales y elaborar un plan de acción que será monitoreado por el Comisionado de Paz.
La medida ha generado fuertes reacciones por parte de sectores políticos y sociales que consideran la decisión como un grave error.
La senadora María Fernanda Cabal expresó su rechazo a través de sus redes sociales, calificando la acción del presidente Petro como un premio a los criminales.
“Petro convierte en gestores de paz a los terroristas capturados en las 7 camionetas de la UNP en Antioquia. Espero que el Consejo de Estado se pronuncie ante la demanda que presenté contra la resolución que ordenó la libertad de esos criminales”, afirmó la senadora en su cuenta de X.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se pronunció en contra de la designación, señalando que se está allanando el camino para los criminales mientras se castiga a los ciudadanos de bien. “Estamos sembrando un camino de pétalos de rosas para los bandidos y uno de espinas para los ciudadanos”, dijo Rendón, quien fue el primero en alertar sobre la captura de los disidentes en el municipio de Cisneros, Nordeste de Antioquia.
Por su parte, Enrique Gómez, líder del Movimiento Salvación Nacional, subrayó que la medida no es sorprendente, dado el historial del gobierno actual.
“Nombraron gestores de paz a los criminales de las FARC que encontraron en las camionetas de la UNP, mientras criminalizan a los integrantes del #ParoCamionero. La complicidad de este gobierno con la criminalidad parece ser su política de Estado”, expresó Gómez.
Los hechos que llevaron a la captura de los disidentes ocurrieron el 23 de julio, cuando una caravana de siete vehículos de la UNP fue interceptada en la vereda Porcesito, en Cisneros.
Durante la inspección, el Ejército encontró dinero en efectivo, armas y hasta oro, lo que generó gran controversia. Augusto Rodríguez, director de la UNP, admitió que no se debían transportar personas no autorizadas ni portar armas en los vehículos de la entidad.
Finalmente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también condenó la decisión del gobierno, argumentando que representa una entrega del territorio a las estructuras criminales. Gutiérrez calificó la acción como “inaceptable” y advirtió que socava los esfuerzos de seguridad en la región, poniendo en riesgo a los ciudadanos y debilitando la estrategia del Estado para combatir el crimen organizado.
La designación de estos disidentes como gestores de paz pone en el centro del debate la política de “paz total” impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, que busca alcanzar acuerdos con los grupos armados ilegales.
Sin embargo, las críticas sugieren que la estrategia está generando divisiones y alimentando la desconfianza entre sectores de la sociedad que temen que las concesiones a criminales minen la seguridad y la justicia en Colombia.
