Durante el Consejo de Ministros del pasado lunes el 19 de enero, el presidente Gustavo Petro expuso una discusión que cruzó dos frentes sensibles para el Gobierno: el manejo financiero de las EPS bajo intervención estatal y la sostenibilidad fiscal del país en el marco de la emergencia económica decretada por el Ejecutivo. Ambos temas quedaron vinculados por decisiones jurídicas y presupuestales que, según el mandatario, alteran el margen de maniobra del Estado.
En materia de salud, el presidente planteó la posibilidad de liquidar las EPS intervenidas a partir de un concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Dicho pronunciamiento habilita el uso de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para cubrir deudas correspondientes a vigencias anteriores.
Petro sostuvo que esta interpretación cambia la lógica con la que se venían administrando esos recursos, destinados a financiar la atención actual de los afiliados. En su intervención, el mandatario señaló que permitir el uso de la UPC nueva para saldar obligaciones pasadas presiona la operación financiera de las EPS bajo control estatal.
Explicó que, en ese escenario, los fondos previstos para garantizar la prestación de servicios en curso terminarían absorbidos por pasivos acumulados, lo que, a su juicio, altera el equilibrio del sistema. Bajo ese contexto, afirmó que la liquidación de estas entidades se convierte en una opción a considerar, dado el volumen de deudas que registran.
Petro indicó que la decisión de no liquidar las EPS intervenidas había estado orientada a preservar la atención de los usuarios mientras se estabilizaban sus finanzas. Sin embargo, afirmó que el concepto del Consejo de Estado modifica ese propósito inicial, al permitir que los recursos girados en una vigencia se destinen a cubrir obligaciones de años anteriores. También advirtió que, de mantenerse ese esquema, se estaría desnaturalizando la destinación específica de los recursos.
Actualmente, entre las EPS bajo intervención del Gobierno nacional figuran Nueva EPS, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS, Emssanar, Capresoca EPS y Coosalud. Estas entidades permanecen bajo supervisión estatal como parte de las medidas adoptadas para garantizar la prestación del servicio y el control de sus finanzas.
El concepto del Consejo de Estado se originó en una consulta del Ministerio de Salud sobre la aplicación del principio de anualidad presupuestal a los recursos de la UPC. La Sala concluyó que dicho principio no rige para estos fondos, al tratarse de recursos parafiscales con destinación específica que no forman parte del Presupuesto General de la Nación. Según el alto tribunal, incluso después de ser transferidos a las EPS, estos dineros no adquieren el carácter de rentas propias de las entidades.
En paralelo, el Consejo de Ministros abordó la situación fiscal del país y la defensa del decreto de emergencia económica, actualmente en estudio por la Corte Constitucional. Petro sostuvo que esta herramienta ha permitido contener el aumento del costo de la deuda pública tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso. Afirmó que, sin la emergencia, el encarecimiento del servicio de la deuda pondría al Estado en una situación de mayor restricción fiscal.
El Presidente reiteró que el déficit primario es un factor determinante en la sostenibilidad de la deuda y señaló que solo un superávit permitiría estabilizarla. En ese contexto, insistió en que la emergencia económica busca generar ingresos adicionales para cubrir el faltante presupuestal, estimado en más de 16 billones de pesos.
Sobre los llamados a reducir el gasto público, Petro recordó que en el último año se aplicó un recorte de 16 billones de pesos y afirmó que el margen para nuevos ajustes es limitado. Señaló que sectores como salud, educación, pensiones, salarios de la fuerza pública y el servicio de la deuda cuentan con protección constitucional, lo que restringe nuevas reducciones.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el presupuesto nacional enfrenta un alto nivel de gasto inflexible. Indicó que 512 billones de pesos corresponden a compromisos que el Estado no puede aplazar, mientras que solo una fracción menor queda disponible para inversión. Según Ávila, la emergencia económica busca atender ese desbalance y garantizar recursos para cubrir las obligaciones fiscales del próximo año.
