Petro pidió la salida inmediata de los funcionarios de la Cancillería que resulten responsables de la organización y promoción de una parranda vallenata realizada el pasado 11 de diciembre en Managua, Nicaragua, luego de que circularan videos del evento en los que aparece Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y actualmente requerido por la justicia colombiana. La actividad se llevó a cabo en el Teatro Rubén Darío y había sido difundida a través de canales asociados a la representación diplomática de Colombia en ese país.
El pronunciamiento del mandatario se dio a través de su cuenta en X, donde además aclaró la situación diplomática entre Colombia y Nicaragua. Petro señaló que actualmente Colombia no cuenta con embajador en Managua, al precisar que el Gobierno nicaragüense no otorgó el beneplácito a Vilma Jay, periodista sanandresana postulada para ocupar ese cargo.
En ese mismo mensaje, el jefe de Estado indicó que quienes tengan responsabilidad directa en la realización del evento deben abandonar de inmediato sus funciones dentro del servicio exterior.
Las declaraciones del presidente se producen en medio de versiones encontradas sobre la planeación y financiación de la parranda. De acuerdo con información conocida públicamente, la Cancillería negó que se hubieran autorizado recursos oficiales para la realización del evento, pese a que existió una solicitud previa atribuida a Óscar Muñoz, quien se desempeña como encargado de negocios de la embajada de Colombia en Nicaragua. A pesar de esa negativa formal, la actividad se llevó a cabo y fue difundida como un evento cultural.
En los videos que circularon en redes sociales se observa a Muñoz participando en la celebración y bailando junto a Carlos Ramón González. Este último ha sido señalado por las autoridades como una de las figuras centrales en el entramado de presunta corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La presencia de González en un evento promovido desde instancias oficiales generó cuestionamientos tanto por su situación judicial como por el uso del nombre de la Cancillería en la promoción de la actividad.
Tras conocerse los hechos, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre la apertura de una investigación disciplinaria contra Óscar Muñoz, con el fin de establecer su grado de responsabilidad en la organización del evento y en la utilización de canales institucionales para su difusión. Esta investigación se suma a otra actuación disciplinaria que ya cursaba en su contra, relacionada con la gestión de la renovación de la residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua.
El episodio se da en un contexto de atención pública sobre el manejo de asuntos diplomáticos y consulares, así como sobre los controles internos en las representaciones de Colombia en el exterior.
Las decisiones anunciadas por el presidente apuntan a definir responsabilidades administrativas frente a un hecho que involucró a un exfuncionario prófugo y a personal adscrito a la Cancillería, mientras avanzan las investigaciones correspondientes dentro del ámbito disciplinario.
