El presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía Nacional iniciar una investigación penal por los hechos registrados durante las recientes manifestaciones propalestinas en Medellín y dispuso la disolución inmediata de los denominados “gestores de seguridad” de la Alcaldía.
La instrucción se dio tras la divulgación de videos en redes sociales donde se observa a funcionarios municipales interviniendo en medio de enfrentamientos con manifestantes en el sector de la Milla de Oro, en El Poblado.
Los disturbios se produjeron durante una jornada de protesta en apoyo al pueblo palestino. En el operativo de control participaron unidades de la Policía y personal de la Alcaldía que hacía parte de la Subsecretaría de Espacio Público. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, dos personas resultaron heridas tras los choques.
A través de su cuenta en X, el presidente Petro cuestionó el papel de los gestores de seguridad en el procedimiento y afirmó que estas figuras, creadas para el acompañamiento de actividades públicas, se habrían convertido en “grupos de acción directa” con funciones que no les corresponden. “La orden que di a la Policía es disolver los grupos de acción directa de la Alcaldía e iniciar investigación penal”, escribió el mandatario.
El jefe de Estado también pidió revisar la actuación de los uniformados y garantizó que las denuncias de los ciudadanos serán recibidas por las autoridades competentes. “La Policía no puede atacar a la ciudadanía ni sus derechos. Cuando hay diferencias, se debe buscar la paz en el conflicto”, agregó Petro.
La medida generó una inmediata respuesta del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien rechazó las declaraciones del presidente y defendió la actuación de los gestores. Según el mandatario local, el Gobierno Nacional estaría buscando intervenir en decisiones que corresponden a la administración municipal. “Crearán una comisión a nivel nacional para presionarnos y que no podamos defender a nuestra gente y a nuestra ciudad de los violentos que ellos mismos mandan”, afirmó.
Por su parte, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, explicó que el rol de los gestores de seguridad consiste en prevenir alteraciones del orden y acompañar las manifestaciones, sin reemplazar a la Fuerza Pública. “La función que les damos es contener, prevenir y estar presentes. Cuando la situación alcanza un grado de violencia mayor, los gestores deben retroceder y permitir que intervenga la Policía”, señaló.
La Alcaldía argumentó que la actuación de sus funcionarios buscó proteger a los ciudadanos que se encontraban en un establecimiento comercial durante los enfrentamientos. Sin embargo, la orden presidencial pone en entredicho la continuidad de esta figura, mientras la investigación avanza para establecer responsabilidades en los hechos ocurridos en la capital antioqueña.
