El presidente Gustavo Petro, manifestó su disposición de rendir testimonio ante la Corte Suprema de Justicia en el marco de las investigaciones por presuntos sobornos vinculados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario rechazó haber entregado dineros ilícitos al exsenador Iván Name y a otros exfuncionarios.
“Estoy dispuesto a declarar estos hechos ante la Corte Suprema de Justicia”, indicó el jefe de Estado, quien también lanzó señalamientos contra Name por supuestamente dilatar durante siete meses la aprobación de la reforma pensional en el Senado.
Según Petro, la demora tenía como propósito impedir que la reforma avanzara por tiempos legislativos. En respuesta, aseguró haber solicitado a su bancada en la Cámara de Representantes que aprobara directamente el texto aprobado por el Senado, evitando así la conformación de un comité de conciliación que, a su juicio, habría sido utilizado para frenar la iniciativa.
“Yo mismo le pedí a mi bancada que debatieran la reforma en la plenaria de la Cámara, pero que se aprobara el texto del Senado, para que Name, que tenía solo dos días para nombrar comité de conciliación, no la hundiera, simplemente no nombrándolo”, explicó.
Frente a las acusaciones de haber ofrecido sobornos a cambio de respaldo legislativo, Petro argumentó que el prolongado estancamiento del proyecto de ley contradice esa versión. “Si Name hubiera sido sobornado por mí, como dicen, no hubiera estado engavetada la reforma pensional siete meses”, señaló.
El mandatario también se refirió a la forma en que la aprobación del texto del Senado permitió que la reforma se convirtiera en ley de forma inmediata, aunque esta decisión fue posteriormente cuestionada ante la Corte Constitucional, donde se alegó que la Cámara no debatió a fondo el articulado. Petro negó esta acusación.
En medio del debate, Petro hizo referencia al uso de recursos públicos presuntamente desviados por Name para fines electorales. “Miren la acción de robo sobre el erario que administra mi Gobierno, al que se oponía virulentamente, como una acción para financiar la campaña de su hija”, expresó.
La Corte Suprema de Justicia investiga a Name, del Partido Verde, y a Andrés Calle, del Partido Liberal, por los delitos de cohecho y peculado. Según la Sala de Instrucción, ambos habrían recibido 4.000 millones de pesos como parte de un esquema de corrupción para respaldar proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo, incluyendo las reformas a la salud y al sistema pensional.
La investigación se apoya en el testimonio de Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, quien aseguró que entre septiembre y octubre de 2024 entregó personalmente 3.000 millones a Name y 1.000 millones a Calle. Las reuniones habrían contado con la participación de Olmedo López, exdirector de la Ungrd; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; y Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones.
El origen del dinero estaría vinculado a un contrato con sobrecostos para la compra de 40 carrotanques destinados a abastecer de agua potable a comunidades en La Guajira. Según los informes oficiales, los vehículos se encuentran actualmente fuera de servicio, y parte de los recursos habría sido redirigido a campañas políticas en las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que Iván Name y Andrés Calle fueron recluidos en el centro penitenciario La Picota. De acuerdo con reportes de prensa, la orden de captura fue emitida por la Corte Suprema el 7 de mayo.
