Este martes, en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro lidera un nuevo consejo de ministros centrado en la seguridad ciudadana. La reunión, según el mandatario, tiene como ejes principales el análisis del aumento de homicidios en el país y la definición de lineamientos de política juvenil.
El mandatario inició su intervención con un saludo a la audiencia televisiva, resaltando la importancia de los datos para la formulación de políticas públicas. Señaló que su gobierno mantiene los mismos métodos de medición estadística usados en administraciones anteriores y que estas cifras permiten identificar tendencias sobre si el país mejora, empeora o se estanca en materia de seguridad.
Petro afirmó que el gobierno se acoge a las estadísticas del DANE y de entidades oficiales, asegurando que las tendencias, y no las cifras aisladas, permiten evaluar la evolución de la seguridad. Según el mandatario, la tasa de homicidios es el indicador más sensible y su lectura debe considerar tanto los registros de Medicina Legal como los de la Policía.
El jefe de Estado criticó lo que calificó como un exceso de punitivismo en las últimas décadas, señalando que el incremento de penas y la eliminación de beneficios no redujeron los índices delictivos. Añadió que el crimen tiene causas sociales que no se resuelven únicamente con castigo judicial y advirtió que la justicia no debe convertirse en un mecanismo de venganza.
En medio de su intervención, aprovechó para cuentionar la justicia del país, al criticar que el expresidente Álvaro Uribe se le haya levantado la medida de aseguramiento, mientras que ‘Epa’ (la creadora de contenido Daneidi Barrera) siga privada de la libertad: “yo no entiendo cómo Uribe está libre y ‘Epa’ presa. ¿Eso es justicia o es la venganza del macho?”, mencionó este ejemplo con la necesidad de revisar el enfoque de la política criminal en el país.
El presidente también se refirió a las diferencias en los registros de homicidios entre Medicina Legal y la Policía, aclarando que ambas mediciones sirven para trazar tendencias y no deben interpretarse de manera aislada. En este punto, presentó cifras históricas para contextualizar el debate sobre la violencia en Colombia.
Según su exposición, a partir de la presentación con un cuadro de la tasa de homicidios en el país durante los años noventa hasta el 2024, el país alcanzó niveles críticos que superaban los 80 por cada 100.000 habitantes, mientras que en la actualidad se ubica en cerca de 26, una reducción significativa frente a ese periodo.
Durante su intervención, Petro hizo un repaso histórico de la violencia en el país y mencionó que el pico más alto se registró en 1991 con más de 28.000 homicidios. Aseguró que, pese a los señalamientos sobre un supuesto retroceso en materia de seguridad, las cifras actuales muestran que los niveles de violencia son inferiores a los de hace tres décadas.
Durante la reunión, Petro mencionó experiencias locales como el caso de Bogotá bajo la administración de Antanas Mockus, que según él contribuyó de manera significativa a la reducción de homicidios en la capital y, por extensión, en el promedio nacional. Al mismo tiempo, reconoció que la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe también incidió en la reducción de la violencia, aunque insistió en que el reto actual es superar un modelo basado en la “vendetta” y en la fuerza militar como única herramienta.
El jefe de Estado destacó que la caída en los homicidios comenzó a evidenciarse en Bogotá durante la administración de Antanas Mockus, debido a la priorización de la educación y la inversión social, lo que impactó de manera directa en la reducción nacional. Posteriormente, mencionó que esta tendencia se mantuvo en gobiernos sucesivos, incluyendo los de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, y que en su administración no se ha revertido.
En su discurso, Petro también abordó temas relacionados con la ciberseguridad, la importancia de la investigación científica y tecnológica en Colombia, así como la necesidad de fortalecer la matemática y el desarrollo de software propio como parte de la defensa nacional. Criticó el uso de programas extranjeros de espionaje, refiriéndose al software espía Pegasus y reiteró que la protección de la intimidad es un pilar para garantizar la libertad ciudadana.
El mandatario reiteró que el análisis de la seguridad no compete únicamente al Ministerio de Defensa y al de Justicia, sino a todo el gobierno, pues las causas sociales del crimen involucran a diversos sectores. También llamó a fortalecer la ciberdefensa del Estado y a orientar recursos de regalías y del sistema universitario hacia investigación y ciencia, como parte de una estrategia integral.
Finalmente, el mandatario insistió en que la política de seguridad debe centrarse en atacar las causas sociales del crimen y en consolidar un modelo que, además de reducir la violencia, garantice derechos fundamentales y prevenga fenómenos como la impunidad o la criminalización de poblaciones vulnerables.
