A casi 48 horas del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, que mantiene al congresista en estado crítico, el presidente Gustavo Petro finalmente se pronunció públicamente. Lo hizo refiriéndose al joven implicado en el ataque, un menor de edad que habría estado vinculado a uno de los programas sociales del actual gobierno: «Jóvenes en Paz».
En un mensaje que ha generado polémica y múltiples interpretaciones, el mandatario afirmó: “El gobierno distrital ya había identificado la conflictividad del niño asesino, lo recogió en uno de sus programas, y pasó a uno de los programas de mi gobierno: Jóvenes en Paz.
Allí, el informe que tengo de los profesionales, es que demostró una personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales.
Duró dos meses, no asistió a ninguna clase, y se retiró voluntariamente.”
El pronunciamiento ha sido interpretado por analistas y líderes de opinión como una intención del presidente de deslindarse de responsabilidades, dejando entrever que la participación del menor en el programa gubernamental fue mínima y fallida.
¿Un intento de lavarse las manos?
Para varios expertos, el tono del mensaje presidencial es más defensivo que informativo, y se produce en medio de crecientes cuestionamientos sobre el verdadero alcance y efectividad del programa “Jóvenes en Paz”. Hasta el momento, ni la Presidencia ni el Ministerio del Interior han ofrecido un informe detallado sobre el atentado, ni han explicado de forma clara cómo un menor vinculado a un programa estatal terminó implicado en un hecho de violencia de esta magnitud.
La falta de información oficial sobre los autores intelectuales y la red detrás del ataque genera incertidumbre. Para muchos, el silencio del Gobierno frente a los hechos contrasta con la rapidez con la que el presidente se pronunció para desligar su programa social de la tragedia.
Este pronunciamiento se da además en un contexto en el que ya hay múltiples alertas sobre una crisis de seguridad que estaría afectando particularmente a los miembros de la oposición. El caso del senador Uribe no es aislado. Otros congresistas y líderes políticos han denunciado amenazas y un trato desigual en los esquemas de protección, situación que se agrava ante el mutismo de las autoridades.
La ciudadanía exige respuestas claras. ¿Quiénes están realmente detrás del atentado? ¿Por qué un joven registrado en programas del Gobierno terminó involucrado en un crimen político?
